Los partidos se abren a debatir sobre las fronteras de los distritos y el tamaño de los barrios rurales de Zaragoza
Participación Ciudadana quiere tener listo el nuevo reglamento, que sustituye al que se aprobó hace 20 años, en enero de 2025. "No hay líneas rojas", pero todos se mueven con una cautela extrema a la hora de formular sus propuestas.
Pocas cosas hay más sensibles que los límites de los distritos. En los más antiguos de Zaragoza, los vecinos de toda la vida mantienen un fuerte sentimiento identitario. Quizá por eso cuesta tanto abrir el melón de la organización territorial municipal y se ha mantenido, con variaciones muy puntuales, la misma estructura durante 20 años. Pero la reforma del Reglamento de Organización Territorial y de Participación Ciudadana ya está en macha. Con un cronograma definido, que fija el fin del proceso en enero del próximo año. Siempre que el Consejo de Ciudad sea capaz, para esa fecha, de cerrar un acuerdo que satisfaga a todos los implicados.
El concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, abre el debate "sin líneas rojas". Es la ocasión perfecta para situar las demandas vecinales sobre límites y competencias encima de la mesa. Otra cosa es que todos los grupos municipales opten, al menos por ahora, por una máxima cautela.
Los socialistas están dispuestos a debatir sobre los límites de los distritos. "Hay barrios que tienen 40 vecinos, hay que ver si es necesario tener las justas de distrito que hay o ir a cinco macrojuntas de distritos", dice su portavoz, Lola Ranera, y ahí se para. Son decisiones que hay que consensuar con las juntas vecinales y las de distrito, para no herir sensibilidades y para evitar que la confrontación política nacional descienda hasta el ámbito más local.
El debate inicial es simple y a la vez muy complejo: ¿se mantienen los distritos y barrios rurales actuales o se cambia el modelo? En 2018, cuando se afrontó una revisión que acabó en agua de borrajas, se habló de nuevo de la posibilidad de crear macrojuntas, concentrando las que hay ahora para dotarlas de más competencias. La ley admite que los distritos puedan asumir la prestación de servicios públicos como la seguridad vial, la ordenación del tráfico, la gestión urbanística, el transporte público... Parece, al menos a priori, una opción difícil. Requeriría, para evitar problemas, que los residentes apoyaran la unión con otro distrito y perder parte de su identidad. Y que el Consistorio aceptara ceder más poder a los barrios, opción que, probablemente, ni siquiera contempla.
La composición de las juntas de distrito y las juntas vecinales es dispar. Y el PSOE y también Vox abren el melón del tamaño de los barrios rurales, donde en el más pequeño, Torrecilla de Valmadrid, los vecinos apenas superan la veintena.
En 50 años solo se ha registrado una treintena de cambios en los límites de los barrios. Y hay disfunciones que, con el cambio del reglamento, se podrían afrontan ahora. Con la desaparición de las vías de tren en Delicias, la avenida de Navarra es la frontera entre el barrio y La Almozara. La Estación Delicias, el centro cívico Delicias y el centro de salud estarían en realidad en el distrito contrario. Para evitar este desatino se propuso llevar el límite a la avenida Ciudad de Soria.
Entre Las Fuentes y el Casco Histórico, el camino de las Torres se utiliza de frontera. Por ello, el centro deportivo municipal Alberto Maestro pertenecería a los vecinos del Casco, que tienen preferencia a la hora de planificar en él actividades de los vecinos del barrio. Sirve Miguel Servet como frontera entre San José y Las Fuentes, con un histórico barrio, el de Montemolín, entre dos distritos distintos, una situación excepcional que no se da en el resto de Zaragoza.
El parque residencial Miraflores fue motivo de confrontación entre San José y el distrito Centro hace unos años. Cambiaron a los residentes de distrito en 2005 para que el Centro cumpliera el ratio de zonas verdes que fijaba la Unión Europea y los vecinos, en 2018, pidieron volver al que había sido su barrio.
El único conflicto abierto en estos momentos es el que ha llevado a los vecinos de Juslibol-El Zorongo a recoger firmas para pedir una consulta popular y que los vecinos se pronuncien sobre la segregación. En Vox están de acuerdo con que el Zorongo sea independiente porque son dos enclaves que tienen "realidades muy distintas". El concejal Armando Martínez aboga, no obstante, por que sean los vecinos los que digan antes su opinión.
Considera el edil voxista que "no tiene sentido" que los distros mantengan los mismos límites de hace décadas y que en los barrios rurales más pequeños se podría estudiar "que formen un conjunto". "Establecer un mínimo de población podría tener sentido", sostiene.
Suso Domínguez, de ZEC, reconoce que esta reforma hay que tomarla con prevención, porque la relación del PP con la Participación Ciudadana "es nefasta". Recuerda cómo intentaron la reforma con Pedro Santisteve como alcalde, pero al final el PSOE no cedió. En cuatro años apenas se ha hablado del reglamento, y en estos momentos dice que les da "miedo" lo que pueda aportar Vox.
El borrador actual, el que sirve de base para la negociación, recoge 16 distritos, los que hay ahora y un Distrito Rural, que incluye todos los barrios rurales. Domínguez aboga por ampliar la descentralización.
Competencias de los barrios
La reforma del reglamento de Participación Ciudadana incluirá, también, las competencias de las juntas de distrito y las juntas vecinales. Y habrá que hablar de ello. Las socialistas Lola Ranera y Ana Becerril presentaron ayer una moción que llevarán al pleno del jueves para aumentar las competencias de las juntas vecinales y reservar 500.000 euros del presupuesto para poder acometer actuaciones urgentes. Criticaron su propuesta los concejales Paloma Espinosa y Alfonso Mendoza, del PP, y les recordaron que de las atribuciones actuales 44 las aportaron los populares y solo cuatro los socialistas.
Las competencias serán, seguro, un tema de debate en las tres sesiones del Consejo de Ciudad donde se analizará el borrador que estudian ya todos los colectivos implicados. La primera reunión, que se celebrará en julio, versará sobre la organización territorial y el asociacionismo. Se discutirá sobre la demarcación y la composición de las juntas vecinales y municipales, y sobre los requisitos que deberán cumplir las entidades ciudadanas. En septiembre u octubre, analizarán los instrumentos participativos y la composición del Consejo de Ciudad. La última, que se celebrará en enero de 2025, analizará el borrado final y discutirá sobre normas puntuales y la estructuras general. El resultado final se votará en el pleno municipal.
