Sánchez y Feijóo cierran con el CGPJ el primer pacto bipartidista de la legislatura
El Gobierno habla de un nuevo "clima de diálogo" y el líder del PP contrapone su labor de oposición y su "lealtad al Estado".
Pedro Sánchez y el Alberto Núñez Feijóo han logrado por fin abrir un paréntesis de entendimiento institucional en medio de una tensa y bronca legislatura. Después de más de cinco años de negociaciones infructuosas entre sus formaciones, y superado el largo ciclo electoral entre las generales de hace un año y las europeas del 9 de junio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de institucional de los populares, Esteban González Pons, sellaron este martes en Bruselas el acuerdo para renovar de inmediato el Consejo General del Poder Judicial, cuyos integrantes llevan desde diciembre de 2018 con el mandato caducado. Lo hicieron ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jourová, que en los últimos meses había sucedido al comisario de Justicia, Didier Reynders, en una labor de mediación, solicitada por el PP y aceptada por el Gobierno el pasado diciembre, y que ambas partes reconocen como clave.
El pacto -que desató de inmediato las críticas de socios de uno y otro partido- no implica solo la designación de los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces conforme a la legislación vigente y de forma equitativa (en la última negociación el reparto era 11-9 para los socialistas y ahora será 10-10). Además, el Senado designará al conservador José María Macías para cubrir la plaza que estaba vacante en el Tribunal Constitucional.
Pero casi tan relevante como lo que afecta en sí al órgano de gobierno de los jueces -encargado de inspeccionar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, exigir responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial y ordenar los nombramientos, ascensos y traslados- es el acuerdo para llevar de manera conjunta al Congreso, el próxmo mes, una proposición de ley para "reforzar la independencia judicial".
Ese texto planteará una reforma estatuto fiscal -de modo que, según los populares, no podrán volver a producirse casos como el de Dolores Delgado, que pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado- y una reforma de la ley del poder judicial para que los jueces que hayan dado el salto a la política y vuelvan a ejercer tengan que esperar dos años antes de volver a dictar sentencias. También abordará la creación de una comisión de calificación que va a garantizar que los nombramientos del nuevo Consejo sean "objetivos y se basen en el mérito".
Elección directa
La exigencia del principal partido de la oposición de que se cambie el sistema de nombramiento del CGPJ de modo que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales provenientes de la carrera judicial y el Congreso y el Senado se limiten a la designación de los ocho que, conforme a la Constitución, han de ser elegidos de entre juristas de reconocido prestigio queda en una suerte de limbo. Pero, a pesar de que los socialistas siempre la han rechazado, no recibe un portazo.
El nuevo Consejo, que según los cálculos de Bolaños podrá estar funcionando ya a mediados de julio, tendrá entre sus obligaciones presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta para modificar el sistema conforme a las recomendaciones de la propia Comisión Europea, que también ha recomendado en numerosas ocasiones una fórmula que garantice mayor independencia del organismo. Esa fórmula, como todo el resto de decisiones relevantes que deba adoptar la institución - los nombramientos del Tribunal Supremo entre ellos- deberá contar, en todo caso, con el respaldo de tres quintos de los vocales. Después se remitirá a las Cortes para su tramitación, aunque Bolaños no garantizó que salga adelante.
A grandes rasgos, todo lo acordado este martes ya había sido negociado y prácticamente atado en el otoño de 2022 por el hoy ministro de Justicia, entonces solo de la Presidencia, y el vicesecretario de institucional del PP, pero el acuerdo saltó por los aires cuando Sánchez confirmó a Feijóo su intención de reformar el Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar la malversación para favorecer a los encausados del 'procés'.
Los socialistas siempre han asegurado que esa polémica reforma penal no pudo ser ninguna sorpresa para el líder del PP y que fue el ala dura de su formación la que le dobló el pulso. Feijóo se reivindicó frente a posibles críticas internas y explícitos ataques externos, como los de Vox. "Sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado, y una y otra son firmes", dijo tras defender que el acuerdo impedirá que Sánchez "colonice" la justicia.
También el Gobierno, que tuvo que oír como Podemos o ERC le criticaban que haya "legitimado" al partido de la "guerra sucia" y la "máquina del fango", proclamó su satisfacción tanto por haber acabado con una situación anómala que ha causado un grave perjuicio a los ciudadanos en la prestación de un servicio fundamental, como por haber "hecho honor" a lo que, esgrimió Bolaños, supuso la Constitución: "un gran acuerdo entre diferentes para mejorar nuestro país". El ministro expresó, además, su deseo de que este pacto genere un "clima de diálogo" para resolver otros asuntos pendientes como la renovación de parte del Consejo de RTVE o el nombre del gobernador y el subgobernador del Banco de España.
