La Junta de Fiscales se reúne desde las nueve y media de este martes para debatir la discrepancia jurídica sobre el encaje en la ley de amnistía del delito de malversación cometido durante el 'procés'. El órgano formado por 38 integrantes, cuyo cometido consiste en asistir al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica, fue activado después de que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo responsables de la causa contra los líderes independentistas se negasen a acatar la orden de Álvaro García Ortiz para secundar el borrado penal de estos hechos.

La decisión de la Junta de Fiscales no es vinculante y, pese a que la votación se decante en favor de los argumentos de los fiscales 'rebeldes', se impondrá el criterio de García Ortiz, ampliamente justificado en un decreto de 133 páginas hecho público el pasado viernes. Del mismo modo, aunque la Fiscalía persista ante el Supremo en la defensa de una amnistía que incluya la malversación por los gastos del referéndum ilegal del 1 octubre de 2017, la palabra final la tendrá tanto el magistrado Pablo Llarena, instructor del 'procés, como el tribunal que juzgó y condenó a los líderes independentistas en 2019.

Pero aún no nos encontramos en ese momento, sino en el paso anterior; en el movimiento de fichas por parte de la Fiscalía y el debate interno sobre los gastos de la consulta del 1-O.

Te puede interesar

Aragón premia con el Gabriel Cisneros el "rigor" de los cuatro fiscales del 'procés'

Junqueras-Rovira, un divorcio político que puede salir muy caro

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que han llegado a señalar que la orden de su superior sobre este asunto es improcedente y contraria a las leyes", tendrán que rebatir el decreto de García Ortiz. Un escrito que ya tienen los integrantes de la Junta de Fiscales, entre ellos los cuatro citados, y que argumenta que estos compañeros confunden el ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley no considera amnistiables.

También defiende que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, porque en estos gastos no hubo fondos comunitarios. Frente a ello, los cuatro 'rebeldes' defienden que los encausados alentaron un proyecto inconstitucional de desintegración de España" con perjuicio a las finanzas de la UE.

Mayorías

Solo hay una coincidencia, ya que el fiscal general y los cuatro colegas del Supremo coinciden en que sí es viable perdonar los delitos de desobediencia y los desórdenes públicos.

El cónclave de este martes está presidido por el propio fiscal general y también tiene asiento su número dos, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, quien hace tan solo cuatro meses fue la encargada de presentar un informe contrario a la apertura de una causa a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'. Ello pese a que la mayoría de fiscales del alto tribunal opinaron lo contrario.

Te puede interesar

El PP alienta la rebelión de los fiscales contra la amnistía

No obstante, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, los últimos nombramientos en la Junta de Fiscalía, la mayoría durante la etapa como fiscal general de Dolores Delgado, propiciaron un vuelco en la sensibilidad de sus miembros. La mayoría de las últimas incorporaciones son de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron Delgado y su sucesor García Ortiz.