Aragón premia con el Gabriel Cisneros el "rigor" de los cuatro fiscales del 'procés'
El presidente Azcón ha hecho pública esta decisión en el curso 'El compromiso público con la España vaciada', organizado por el CGPJ en Albarracín.
El Gobierno de Aragón reconocerá la labor de los cuatro fiscales del 'procés' en la segunda edición del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, cuya gala de entrega se celebrará en diciembre, en reconocimiento a su rigor, profesionalidad e independencia en el tratamiento del caso.
Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en Albarracín (Teruel), donde ha inaugurado el curso 'El compromiso público con la España vaciada', organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, creado en 2023 por el Gobierno de Aragón, reconoce a personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos.
El Gobierno autonómico galardonará así, con el nombre dado a un premio que recuerda a un aragonés 'padre' de la Constitución, a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno por su trabajo "excelente e intachable" en la persecución de los más graves delitos contra el Estado de derecho y contra principios fundamentales de la carta magna.
Un premio que se les otorga, además, por "anteponer su deber, el rigor jurídico y los principios de legalidad y separación de poderes ante la injerencia y la presión inaudita, irresponsable y partidista del actual Gobierno de España". "Queremos que sea para los fiscales que a día de hoy están defendiendo en el Tribunal Supremo la legalidad, la independencia judicial", ha concluido Azcón.
El presidente regional se ha referido además al sistema de financiación "desigual, insolidario e injusto" del que se habla en Cataluña y que primaría a aquellas comunidades que tienen más población frente a aquellos territorios más despoblados.
Cataluña, que ya tiene una financiación muy superior a la que tiene Aragón, "quiere tener una financiación privilegiada", ha lamentado, toda vez que ha añadido que la "singularidad" de la que habla Pedro Sánchez "no es real" y es, en realidad, "desigualdad".
Ha incidido por ello en que el Gobierno de Aragón dará "la batalla con todas las herramientas jurídicas" en su mano para que dicha desigualdad no se produzca.
Sin vaivenes
También se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que "no debe someterse a los vaivenes de la vida política, ni mucho menos a las necesidades más inmediatas de ningún representante político".
Durante su intervención, Azcón ha tildado de "extraordinariamente preocupante" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "arrebatar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de nombrar jueces en las vacantes de los principales puestos de la judicatura, como el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia".
Jueces de toda España en Albarracín
Azcón ha inaugurado en el Palacio de Congresos de Albarracín, ubicado en el antiguo palacio episcopal, el curso ‘El compromiso público con la España vacía’, una jornada formativa organizada por el Consejo General del Poder Judicial que ha congregado en la localidad turolense a 25 jueces de toda España, entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido.
En su discurso, Bellido ha aclarado que, si bien Albarracín es un modelo de éxito dentro de la España vacía ante el aluvión de turistas que recibe durante todo el año, su entorno es un ejemplo claro de despoblación y ha subrayado que el compromiso de las Administraciones con este territorio "requiere ir más allá del turismo".
El presidente del TSJA ha subrayado que debe hallarse la fórmula para que la reforma de la Administración de Justicia no perjudique al medio rural y en este sentido ha destacado el papel cohesionador que desarrollan los juzgados de paz en los municipios, ahora en declive.
Bellido ha considerado que la transformación digital es "la gran esperanza" de las zonas rurales, pues, al permitir que las comunicaciones se produzcan "a la velocidad de la luz" y al margen de las carreteras, puede incentivar el asentamiento de empresas y la llegada de servicios de los que ahora carece la población.
Por su parte, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, Juan Carlos Zapata, ha explicado que el curso pretende encontrar medidas para evitar los problemas que conlleva la despoblación y ha apuntado a incentivos fiscales, adecuadas telecomunicaciones y ayudas al colectivo femenino, como posibles atractivos para el medio rural.
Zapata ha opinado que se está cometiendo una injusticia con la España vacía, "pues no es lo mismo vivir en la Sierra de Albarracín que en Zaragoza o Madrid" y ha estimado que la despoblación "es un problema constitucional" porque implica una desigualdad entre territorios. Ha reivindicado, además, que exista un régimen jurídico específico de los municipios para atajar la despoblación.
