La Guardia Civil ha confirmado este viernes la detención y puesta a disposición judicial del director y cuatro trabajadores del Centro de Atención a Menores de Ateca, concretamente dos educadores y dos auxiliares, a los que investiga por delitos de lesiones, torturas, agresión sexual, contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Al mismo tiempo, la jueza de Calatayud que dirige la operación que este jueves adelantó HERALDO ha dictado esta mañana un auto de medidas cautelares en el que decreta el cierre provisional de las instalaciones, lo que obligará a reubicar en otros servicios a la veintena de chavales que se encuentran ahí internos. La magistrada ha optado por esta medida a raíz de las denuncias recibidas, de las declaraciones testificales de trabajadores del centro, de los informes forenses y de los datos incluidos en el atestado policial.

El centro es un servicio privado que gestionan la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz y que mantiene un concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Su objetivo es la integración personal y social de chicos y chicas que tienen conductas disruptivas o disociales recurrentes.

Según fuentes de la Comandancia de Zaragoza, las pesquisas se iniciaron hace algunos meses a raíz de de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Nacional de Zaragoza, por parte de la progenitora de un menor que se encuentra interno en el Centro de Atención a Menores de Ateca, gestionado por la UTE Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz y en el que se asiste a chicos y chicas de entre 6 y 17 años. En dichas denuncias, la mujer hablaba de supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores del Centro.

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Los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza  pusieron en marcha una investigación para verificar los hechos denunciados, con multitud de gestiones y numerosas tomas de manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima. Como resultado de la información obtenida en la citada investigación se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos.

Golpes en una habitación aislada y con llave

Las actuaciones se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventana de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones. Además, se constató cómo al menor se le habrían hecho contenciones (inmovilizaciones físicas) que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.

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Todos los hechos relatados que habría sufrido el menor, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las trabajadoras y que fue puesta en conocimiento por esta persona al director del centro de menores, el cual no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo de actuación con los internos.

Igualmente, los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión. Petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso.

La Guardia Civil encontró más víctimas

Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores, durante los últimos meses. Ante los indicios obtenidos por especialistas de Policía Judicial, que evidenciaban los hechos delictivos descritos anteriormente, llevados a cabo por parte de cuatro trabajadores del Centro de Atención de Menores y del actual director del mismo, durante la mañana de ayer 1 de agosto, la Guardia Civil procedió a la detención de estas cinco personas. Todas ellas están ya en los Juzgados de Calatayud, donde deberán declarar ante el jueza que lleva el caso.