Prisión sin fianza para el director y cuatro trabajadores del Centro de Menores de Ateca

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud ha decretado el ingreso en prisión sin fianza tanto del director como de los cuatro trabajadores del Centro de Atención a Menores de Ateca, detenidos este jueves, 1 de agosto, por la presunta comisión de delitos de torturas, lesiones, agresión sexual, contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Durante su declaración, los encausados han negado los cargos que se les atribuyen, pero la Fiscalía se ha apoyado en el prolijo atestado de la Guardia Civil para proponer su envío al Centro Penitenciario de Zuera, medida que finalmente se ha acordado.

Como adelantó HERALDO, los arrestos de estas cinco personas -un español, tres marroquís y un rumano- se llevaron a cabo ayer a mediodía tras una investigación que tiene su origen en la denuncia de la madre de uno de los chavales del centro, de solo 16 años. Sin embargo, como este viernes ha explicado la Comandancia de Zaragoza, las indagaciones posteriores permitieron descubrir que había otra posible víctima: una chica de 17.

Además del director del centro, Iván R. M., han sido enviados a prisión dos educadores y dos auxiliares sin titulación ni cualificación. Sería a estos cuatro últimos, identificados como Abdelilah A., Mohamed B., Youssef B y Alexandru R. A. a los que se investigaría por la posible agresión sexual a la menor. La defensa de los tres últimos ha sido asumida por el abogado Juan Manuel Martín Calvente.

A la hora de ordenar el encierro de los encausados, la jueza ha tenido muy en cuenta el relato de los dos menores denunciantes, quien "han relatado -explica- de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo".

Sobre la implicación del director en los hechos, los dos menores han contado a la instructora del caso que, desde su llegada al centro el año pasado, Iván R. M. mantuvo una actitud de "despreocupación absoluta". Según ambas víctimas, este protegía además a los otros cuatro detenidos, puesto que "nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones a los mismos, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias".

Para la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, esta actitud del director del centro “supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situación de riesgo y exclusión familiar y social, como personal de un servicio público”. Por ello, la juez considera a Iván R. cooperador necesario de un posible delito contra la integridad moral.

Quemaduras con cigarrillos y bofetones

Respecto de los otros cuatro detenidos, los dos menores denunciantes han relatado que tanto ellos como otros compañeros del centro sufrieron tratos degradantes, físicos y psicológicos, de forma constante y reiterada por parte de ellos. Según el auto de la jueza, uno de los chavales relata que que "le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse".

La otra menor explicó que "desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le hacían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban con cigarrillos en los brazos y en las piernas". La propia juzgadora pudo comprobar que la chica tiene diversas marcas por abrasiones en sus extremidades. A estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual.

Después de todo lo ocurrido, la jueza ha decretado el cierre provisional de este centro, inaugurado en 2017 y que en la actualidad atiende a chavales de entre 14 y 17 años que presentan conductas disruptivas o disociales recurrentes. Por ello ha dictado el cese de internamiento para cinco de los menores residentes. La medida podría hacerse extensible a otros nueve menores que ahora mismo están fugados del centro y a los que la Guardia Civil está intentando localizar para discernir si han sido víctimas de agresiones. El resto, si es necesario, se reubicarán en otros centros.

La DGA se personará en la causa

"Todas las acciones llevadas a cabo en las últimas horas y las que se están realizando ya tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que están bajo la guardia y custodia de la Administración", ha señalado en un comunicado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Desde la DGA explican que el Centro de Atención a Menores de Ateca es de gestión privada y tiene capacidad para unos 30 chavales. Una veintena de esas plazas, indican, están concertadas con el IASS mediante "un acuerdo marco cuya atención y protección corresponde a Aragón".

El Gobierno aragonés ha adelantado su intención de personarse también en la causa penal que se instruye en los Juzgados de Calatayud. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha ofrecido "colaboración absoluta" y ha calificado los hechos que se están investigando de "graves". "Lamentamos las detenciones, pero por encima de todo está el bienestar, la seguridad y el interés mayor de los menores", ha expuesto.

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