Colegio de Educadores Sociales: "Nos consta que se comunicaron irregularidades del Centro de Menores de Ateca a la DGA"
"No tenemos constancia de que ningún educador social de Aragón estuviera trabajando en ese centro", sostiene Pascual Jiménez Bagués, miembro de la comisión de Mediación y Arbitraje del CEES.
La investigación que se está llevando sobre el Centro de Atención a Menores de Ateca, que gestionaba la UTE Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz a través de un concierto con la DGA, pone el foco sobre el papel de los educadores sociales. Un colectivo de trabajadores que desarrolla una labor poco conocida con menores conflictivos y que a diario se enfrenta a situaciones muy complicadas.
El Centro de Atención a Menores de Ateca ha sido cerrado este viernes provisionalmente por la jueza de Calatayud que dirige la operación que investiga presuntos delitos de lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, que habrían sido cometidos por personal de este centro. Por el momento, han sido detenidos y puestos a disposición judicial el director y cuatro trabajadores.
"No tenemos constancia de que ningún educador social de Aragón estuviera trabajando en ese centro. Y, por ley, es obligatorio que estén colegiados y comuniquen al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) dónde están trabajando", señala Pascual Jiménez Bagués, miembro de la comisión de Mediación y Arbitraje del CEES y funcionario de Menores.
Sostiene también que "no hemos recibido ninguna queja oficial sobre ese centro. Pero estos menores están tutelados por la DGA, así que tienen asignado un coordinador del Servicio de Protección de Menores que tiene que velar por su bienestar. Y sí nos consta que ha habido coordinadores que han comunicado irregularidades a la DGA de este centro. Igual no tan graves como las que se están planteando en estos momentos pero sí que había irregularidades. Tampoco sabemos cuál ha sido la respuesta de la DGA al respecto".
Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) insistieron este viernes en que su "preocupación" es "garantizar el bienestar y seguridad de los menores del centro de Ateca. "Tanto el IASS como el Gobierno de Aragón están a disposición de cualquier instancia o institución que pueda requerir de su colaboración en las investigaciones en curso", añadían en un comunicado. Pero no han dado todavía más explicaciones sobre posibles irregularidades detectadas en este centro.
En los pliegos de condiciones que desde el IASS se establece para los conciertos con estos centros se pide que haya algún educador y técnicos medios. "En este centro en concreto, educadores había pocos, normalmente se contrataba a auxiliares técnicos educativos. Este centro pecaba desde origen. Para que un servicio de estas características funcione bien, ha de estar dotado con buenos profesionales, que tengan una trayectoria y una buena formación, y que tengan continuidad. Pero cuando pagas muy mal no hay continuidad. Hay un ir y venir de personal que no garantiza la continuidad del proyecto. La DGA tiene que garantizar esto. Está claro que los resortes de control no han funcionado", explica Jiménez Bagués.
La UTE Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz gestiona otros centros de menores en España, como un Hogar para niños y niñas y adolescentes migrantes en Burgos o una residencia de acogida de niños y niñas adolescentes Els Estels en Alicante, entre otros, amén de varias residencias de mayores.
