La factura millonaria del gran incendio de Ateca sigue creciendo: una cooperativa reclama ahora 750.000 euros
Cuando se cumplen 2 años de un incendio forestal que arrasó 14.000 hectáreas en 11 pueblos de Zaragoza, la jueza sigue recibiendo peritajes de daños.
Dos años después de que las llamas arrasaran más de 14.000 hectáreas de monte y cultivos, la factura del gran incendio forestal de Ateca sigue creciendo. Los vecinos de los once municipios zaragozanos afectados por el fuego aseguran que no hay dinero que permita reparar el daño causado por esta enorme tragedia medioambiental. Sin embargo, alguien tendrá que correr con los gastos. Y por el gran número de damnificados y el elevado importe de algunas reclamaciones, se presume que la cuantía será millonaria. Como ejemplo, los más de 750.000 euros que una aseguradora ha tenido que pagar a una cooperativa cuyas instalaciones fueron pasto de las llamas, suma que ahora la compañía acaba de reclamar por la vía judicial a quien se declare culpable de lo sucedido.
El informe pericial remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud recuerda que la cooperativa de transformación agrícola Manubles 9612 estaba ubicada en el término municipal de Moros, en la Comunidad de Calatayud. El rápido avance del fuego hizo imposible salvar una nave de 1.200 metros cuadrados que contaba con cinco cámaras frigoríficas para almacenar más de 1.000 toneladas de fruta. De ella solo ha quedado la solera y la cimentación. De ahí que la indemnización haya sido tan elevada.
Pero la cooperativa de Moros es solo una en la larga lista de damnificados por el incendio forestal de Ateca, uno de los tres más devastadores que se recuerdan en Aragón, junto al de 1994 en el Maestrazgo de Teruel (18.000 hectáreas) y el de Luna en 2015 (14.000 hectáreas). El Gobierno aragonés recibió 76 solicitudes de ayudas por parte de agricultores y ganaderos a los que el fuego arrebató su medio de vida. Eran vecinos de Ateca, Alhama de Aragón, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Moros, Terrer, Villalengua y Villaroya de la Sierra que trabajaban más de cien hectáreas de cultivos leñosos y gestionaban 300 colmenas y 5.200 ovejas.
Una de las damnificadas, Fina Martínez, explicaba hace unos días que las pérdidas sufridas fueron enormes. La fruticultora de Moros recordaba que el fuego quemó por completo su finca, de cinco hectáreas. Y aunque intentaron recuperar sus 9.000 árboles regándolos con gomas cuando todavía no habían desaparecido las cenizas, el esfuerzo no sirvió de nada y, finalmente, tuvieron que arrancarlos todo. Eso sí, aquello les permitió optar a las subvenciones públicas.
La DGA habilitó estas ayudas de urgencia para que todas estas personas pudieran salir adelante, pero no será la administración autonómica quien deba asumir los daños millonarios causados por un incendio que obligó a desalojar a 1.7000 vecinos de cuatro localidades. En un primer momento, la jueza que investiga el incendio de Ateca declaró al Gobierno aragonés responsable civil subsidiario. Sin embargo, aquella decisión fue revocada más tarde por la Audiencia Provincial de Zaragoza, quien aclaraba que al no haber ninguna autoridad, funcionario o empleado público entre los investigados no se podía exigir a la administración que se hiciera cargo de las indemnizaciones.
Dos hermanos de Ejea, entre los cinco investigados
La pregunta por lo tanto es evidente. ¿Quién habrá de responder por semejante desastre medioambiental? Según el informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el incendio de Ateca se debió a una grave imprudencia durante las labores reforestación que se ejecutaban en el paraje de Monegrillo, donde se inició el fuego. Y como presuntas responsables de la misma, la Benemérita señaló a cinco personas. Por una parte, el conductor de la pala-excavadora o retro-araña que provocó la chispa inicial y al encargado de la pequeña empresa de Ejea de los Caballeros a la que se subcontrató el trabajo: los hermanos Alberto y Carlos, C. R. Por otra, tres empleados de la empresa neerlandesa Land Life, encargada del proyecto de reforestación: Francisco P. B., director de la oficina en España; Leyre V. G., la ingeniera a cargo de supervisión técnica; y Gaspar C. S., empleado que se dedicaba también a controlar el encargo sobre el terreno
La jueza de Calatayud llamó a declarar también a estas cinco personas en calidad de investigados. Todavía no lo han hecho, pero parece más que probable que los encausados de Land Life terminen solicitando el archivo de la causa respecto a ellos. Sus argumentos serían los mismos que ya esgrimieron durante su declaración: que ellos no dirigían las labores que causaron el fuego y que su empresa adoptó todas las medidas necesarias para evitar lo que finalmente no logró evitarse.
El conductor de la pala-excavadora declaró en el juzgado en noviembre de 2022. Contó que cuando vio salir la primera llama bajó de la máquina para intentar sofocarla con los pies. Como no pudo, recurrió al batefuego, una especie de pala de goma con mango. Llevaba también un extintor y una mochila de agua, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de usarla. Según el operario, las llamas se extendieron tan rápido que se vio obligado a salir corriendo para salvar su vida.
Un correo electrónico que puede ser clave
La empresa Land Life se apoya en un correo electrónico remitido a Carlos C. R. -hermano del conductor de la pala- el 18 de julio de 2002, el mismo día que se declaró el incendio, para intentar acreditar que no fue responsable de lo ocurrido. "Tenemos que extremar las precauciones y evitar trabajar en las horas punta del día donde las temperaturas son mas elevadas. Que los maquinistas tengan cuidado y que trabajen en zonas cercanas para que se vean el uno al otro", decía literalmente el ‘email’, remitido a las 9.24.
Según manifestó en su día a la Guardia Civil Leyre V. G., la ingeniera forestal de Land Life que redactó el correo, pocos minutos después de enviar el ‘email’ llamó también por teléfono a Carlos C. R. para insistir en que debían dejar la faena a mediodía.
La instrucción del caso parece haberse ralentizado durante los últimos meses, en los que la jueza habría estado recibiendo distintos peritajes de daños. Uno de los últimos, el de la cooperativa arrasada por el fuego en Moros. Las circunstancias que rodean el caso lo hacen especialmente prolijo, pero no parece que vayan a producirse sorpresas en cuanto a nuevas imputaciones. De hecho, lo más importante será saber si los cinco encausados se sientan finalmente en el banquillo cuando se celebre el juicio. Y parece previsible que la Audiencia de Zaragoza tenga que volver a intervenir en algún momento para resolver recursos.
