Una vocal abandona una mesa electoral en Zaragoza por una urgencia y casi le cuesta la cárcel
La mujer tuvo que llevar al hospital a su madre, de 89 años y con alzhéimer, pero la Fiscalía la denunció por un delito electoral.
Los delitos electorales no se recogen en el Código Penal (CP), pero también se pueden castigar con cárcel. Aunque lo habitual son multas, el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lo deja bien claro. Aquellos que habiendo sido designados como presidentes o vocales de una mesa no acudan a desempeñar sus funciones o se ausenten del colegio electoral sin causa legítima podrán ser condenados a entre tres meses y un año de prisión. Y esto incluye a los suplentes.
Puede sonar a mero aviso a navegantes, pero las sanciones son reales y conviene tenerlas en cuenta ahora que se aproxima una nueva cita con las urnas: la de las elecciones europeas del 9 de junio. Según fuentes de la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la Junta Electoral de Zona le notificó el año pasado 26 casos de presunto incumplimiento o dejación de funciones durante los comicios locales, autonómicos y generales, lo que se tradujo en la apertura de otras tantas diligencias de investigación. Y aunque muchas de ellas han acabado archivadas por los jueces, el trastorno que supone para los ‘señalados’ es mayúsculo.
El fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, asegura que lo que se persigue con estas denuncias es castigar de alguna manera a quienes muestran un “claro desprecio” por sus obligaciones. En este caso, por su responsabilidad para con los demás a la hora de garantizar la renovación de los concejales o diputados que nos representan. Pero lo cierto es que al sistema se le cuelan a veces casos insólitos, si no sangrantes, como el de la mujer a la que abandonar una mesa electoral para ingresar en urgencias del hospital Miguel Servet a su madre, enferma de alzhéimer, pudo costarle la cárcel.
Como tantas otras personas, esta zaragozana recibió una carta certificada comunicándole que había sido elegida para ejercer el cargo de vocal en una mesa electoral durante las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La mujer tiene a su cargo a su madre, que tiene 89 años y está diagnosticada de alzhéimer, amén de otras enfermedades. No tenía con quien dejar a la anciana, puesto que su única hermana tiene también una discapacidad, así que presentó un escrito ante la junta electoral para que la excusara. Sin embargo, su petición fue desestimada.
La junta electoral denegó su alegación
La mujer alegó que tenía que cuidar de una persona dependiente, pero le contestaron que sus argumentos no revestían “entidad suficiente” como para eximirle del cargo para el que había sido designada. “No acredita ser el cuidador directo y continuo del familiar”, decía la carta que recibió el 10 de mayo de 2023.
Llegada la cita electoral, a esta zaragozana no le quedó otro remedio que presentarse en el colegio electoral. Según la denuncia que cursó contra ella la Fiscalía, la mujer compareció en dicho lugar, pero “antes de la constitución de la mesa se ausentó por imprevisto sin justificar motivo alguno para ello”. Cuando se enteró de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza le había abierto diligencias por un delito electoral, la denunciada no salía de su asombro. Primero, porque se había marchado por una causa mayor. Y segundo, porque ella aseguraba que había informado al responsable administrativo.
El abogado José Antonio Rubio, encargado de la defensa de esta mujer, no solo aportó un justificante que acreditaba que esta acompañaba a su anciana madre cuando ingresó a las 9.13 del 28 de mayo de 2023 en urgencias del Servet, donde quedó ingresada. También aportó a la jueza instructora varios informes médicos sobre el estado de la octogenaria. Para acreditar que su representada había actuado correctamente, el letrado propuso también que declararan como testigos tanto la hermana de la denunciada, que se había hecho cargo finalmente de la madre de ambas, pese a su discapacidad, y el representante de la administración al que la investigada comunicó que tenía que ausentarse por el empeoramiento repentino de la anciana.
Afortunadamente, la jueza entendió que no resultaba “debidamente justificada la perpetración del delito” y acordó al final el sobreseimiento provisional de la causa. El abogado aplaude la decisión, pero lamenta que hubiera que llegar tan lejos “ante una causa mayor tan evidente”.
