La residencia de mayores de Villarroya de la Sierra, abocada al cierre
La empresa gestora del centro, con 10 plazas, considera 'inviable económicamente' asumir las reformas derivadas de una inspección del IASS
La residencia para personas mayores de Villarroya de la Sierra, localidad de la comarca Comunidad de Calatayud, cerrará sus puertas este próximo 31 de julio después de más de 30 años de trayectoria.
Según ha podido confirmar HERALDO de fuentes de la empresa gestora, una inspección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente del Gobierno de Aragón puso sobre la mesa la necesidad de realizar una serie de reformas para adaptar las instalaciones a la normativa en vigor, algo que, indican desde la compañía, es 'inviable económicamente'.
Se trata habitualmente, de intervenciones para cumplir exigencias de movilidad y accesibilidad con un coste que no ha trascendido. En la residencia, situada en la calle Gasca, trabajaban un total de seis personas, que actualmente son tres.
Argumentan sus responsables que la capacidad con la que cuenta el centro, un total de 10 usuarios, hace que las intervenciones necesarias no puedan ser asumidas. 'Cuando se abrió cumplía todas las normas, pero han ido cambiando y desde hace tiempo sabíamos que este momento iba a llegar', asumen desde la sociedad que se hace cargo del funcionamiento. De la misma forma, reconocen que el edificio no es de su propiedad, sino de una entidad privada. Los residentes y sus familias han tenido que buscar alternativas en otros centros, tanto de Calatayud como de Zaragoza.
'Es una decisión difícil, pero no tenemos otra opción. Lo exigido por el IASS es lo lógico y no nos pilla de sorpresa, iba a ocurrir tarde o temprano. Como empresa, si no hay rentabilidad, no se puede seguir', reconocen. Por su parte, después de más de tres décadas de trabajo, reconocen que 'para un pueblo como Villarroya supone perder un servicio muy importante'. Desde el IASS se limitan a puntualizar que la decisión de cierre ante un requerimiento es responsabilidad únicamente de los gestores.
Para el alcalde del municipio, Eugenio Torrubia, se trata de un caso 'difícil' ya que 'prácticamente todos los residentes son del pueblo'. 'Las familias sabían que estaban en su casa y ahora es una putada', indicaba el regidor. Por su parte, el primer edil reconocía que están 'abiertos a cualquier vía de colaboración, siempre que tenga encaje legal y sea posible económicamente'. En este sentido, explica que había solicitado una reunión al IASS para saber qué alternativas había, pero que no se ha concretado la cita.
Cuestionado por si el Ayuntamiento podría asumir la iniciativa de impulsar un nuevo centro, Torrubia lo descarta. 'No tenemos capacidad económica para hacerlo. Es imposible. Y ya hemos visto otros casos de ayuntamientos que lo han intentado y han necesitado más de 20 años para que al final lo tenga que terminar una empresa privada', indica. El aviso de cierre se dio a principios de mes y la empresa no descarta que si los usuarios se marchan antes del 31 de julio, el cierre se pueda adelantar.
