La investigación de las renovables en Aragón también niega cualquier presión a los funcionarios
El PP se suma a los partidos del cuatripartito al descartar indicios de delito, pero se une también a Vox, Teruel Existe e IU para criticar la gestión y la falta de planificación.
La comisión de investigación impulsada por PP y Vox para fiscalizar la tramitación de las decenas de parque eólicos y solares fotovoltaicos en Aragón no solo se finiquita este viernes sin que se apunte ninguna de las irregularidades denunciadas, sino que se niega cualquier presión a los funcionarios en la tramitación de los permisos.
Todo ello queda constatado en el dictamen que se votará en el segundo pleno del día en las Cortes de Aragón, ya que el PP se sumará a los grupos que formaron el cuatripartito para sacar adelante hasta dos votos particulares que niegan "evidencia alguna" de que los empleados públicos cambiaran de criterio o aceleraran expedientes. Esta alianza garantizará que salga adelante con el respaldo de 56 de los 67 parlamentarios.
Lo mismo ocurre con las otras dos cuestiones clave para sostener el relato de las supuestas irregularidades, las de que hubo un fraccionamiento de proyectos para allanar la obtención del aval medioambiental y el de que las consultoras que evaluaron los proyectos estaban incursas en casos de incompatibilidad.
Aunque el PP fue especialmente beligerante con la cuestión en la campaña electoral de las autonómicas de hace más de año, hoy se retractará con la fuerza que dan los votos. De hecho, respaldará sendos votos particulares del PSOE que dicen textualmente que la tramitación de los expedientes de las renovables se hizo "al amparo de la ley, ajustándose a los procedimientos establecidos". Y avalará, sobre la fragmentación de proyectos, que "no se ha detectado diseños de parques que hayan eludido el sometimiento a la evaluación ambiental ordinaria y quedar en el ámbito de evaluaciones más benévolas".
Incluso impone su mayoría con el PSOE en un voto particular del PAR que admite que el Inaga "dispone de toda la información relevante para hacer su análisis" por la obligación legal de las promotoras de incluir en los estudios ambientales los efectos acumulativos y sinérgicos de los proyectos del entorno.
Sobre las consultoras que debían analizar las propuestas, cuya compatibilidad se puso en tela de juicio por sus relaciones con las promotoras, el PP llega a tener la iniciativa en un voto particular para sostener ahora lo contrario. Y lo hace hasta el punto de señalar que el Inaga "trató de externalizar a Sarga y a las consultoras carentes de conexión alguna con los promotores el estudio de los casos concretos que pudieran ser conflictivos".
Eso sí, en otro voto particular aprobado, también del PP, se apostilla que se "flexibilizaron los requisitos para que las consultoras se declararan compatibles de cada uno de los proyectos que se les encomendaban". Saldrá igualmente otro de IU con el respaldo de todos los partidos, salvo el PSOE, en el que se recrimina que el Inaga no supervisara la compatibilidad y, por lo tanto, "no habido garantías de que la supervisión medioambiental se haya hecho con la debida imparcialidad".
Como las 19 conclusiones pactadas por unanimidad son meras recomendaciones, el 11% de las 166 que forman parte del dictamen, lo relevante desde el punto de vista político está en los votos particulares que se aprobarán por mayoría. Y también los hay críticos con la gestión efectuada por el Gobierno de Javier Lambán y, especialmente por su vicepresidente, Arturo Aliaga, al que se le dedican críticas directas, con nombre y apellidos.
Los populares se han aliado con sus socios de gobierno de Vox y con los dos partidos de la oposición ajenos al cuatripartito, Teruel Existe e IU, para reprochar la "insuficiente diligencia" de la Administración en la vigilancia de la aplicación de la normativa vigente, el "proceso desordenado de aceleración" en el desarrollo de las renovables y, sobre todo, el hecho de que no hubiera "planificación alguna" desde que finalizó el Plan Energético de Aragón 2013-2020.
La mayoría de los partidos quisieron adelantar ayer su valoración tras casi seis meses de trabajo en la comisión, que ha organizado más de 16 sesiones por las que han pasado casi medio centenar de comparecientes.
El popular Fernando Ledesma reconoció que no se han detectado indicios de delito y centró su mensaje en recriminar al Gobierno del PSOE por no haber querido "ordenar la implantación de las renovables, ni organizar el trabajo". "Y lo peor es que se hizo consciente y voluntariamente", dijo.
Incluso cambió el voto de su partido tras la comparecencia ante los periodistas, al ser preguntado por el hecho de que apoya dos votos particulares en sentido contrario sobre las presiones a alcaldes. Anunció que retiraba el respaldo al del PSOE que las negaba.
El socialista Carlos Pérez Anadón valoró entre sus conclusiones que no hubo por parte del Gobierno de Lambán "ni agujero negro ni ilícito penal", mientras Juan Vidal (Vox) optó por acusar a los grupos del cuatripartito -PSOE, Podemos, CHA y PAR- de tratar de cerrar "en falso" la comisión sin "esclarecer la gravedad de los hechos". Tomás Guitarte (Teruel Existe) y Alberto Izquierdo (PAR) se lanzaron reproches ante los medios de comunicación con dos visiones antagónicas sobre la gestión de las renovables y Joaquín Palacín (CHA) destacó que el PP se ha desdicho de sus "bulos" al demostrarse que no hay ilegalidades.
