Cataluña condiciona (otra vez) la financiación autonómica: qué es y qué se juega Aragón

La reforma del sistema de financiación autonómica vuelve al debate político. Es uno de los titulares de esta semana, pero podría serlo de cualquiera de los últimos diez años, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha fijada para su renovación, en 2014. El actual modelo data de 2009 y establece los criterios para el reparto de fondos del Estado con los que sufragar el coste de los servicios públicos básicos de los diferentes territorios.

Todos los partidos y economistas coinciden en que se ha quedado obsoleto y que urge su actualización, pero el acuerdo nunca llega a ratificarse. A los intereses contrapuestos de las comunidades, sea cual sea el color político de sus gobiernos de turno, se unen las presiones de los independentistas catalanes, que reclaman un trato diferenciado como el que ya disfrutan el País Vasco y Navarra. En este escenario, Aragón, que reclama que se primen criterios como la despoblación y o la dispersión, se juega mucho, ya que debería ser la más beneficiada junto a Extremadura con la reforma, según un estudio técnico de Fedea. Estas son las claves de la negociación.

1. ¿Qué es la financiación autonómica?

La financiación autonómica es el sistema que utiliza el Estado para redistribuir los ingresos tributarios entre los distintos territorios. El régimen común –en el que están todas las comunidades salvo Navarra y País Vasco, con uno foral propio– dispone del dinero procedente de los impuestos compartidos (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los especiales), los que están cedidos en su totalidad (como Sucesiones y Donaciones) y otras aportaciones.

Luego esas cuantías (124.292 millones en 2023) se reparten entre las comunidades con criterios de corrección, en su mayor parte a través del Fondo de Garantía, aunque también por otras vías. Pero no lo hace de forma homogénea, sino con una serie de modificaciones que tratan de compensar a las autonomías con menor capacidad recaudatoria o con más dificultades para prestar los servicios públicos, el verdadero destino final del dinero.

2. ¿Por qué es necesaria su reforma?

Los expertos coinciden en que es muy complicado concretar cuánto cuesta prestar dichos servicios en una u otra comunidad, y que los criterios de reparto son poco claros. Además, la distribución actual genera diferencias financieras de hasta 25 puntos. La comunidad que más recibe del Estado respecto a su capacidad de recaudación tributaria es Cantabria, con un índice de 115 puntos (en el que 100 es el equilibrio), frente a los 90 de Murcia.

Además, cuatro territorios sufren una infradotación clara sobre el resto desde hace años. Son Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, que se han unido para pedir un fondo de compensación hasta que se acuerde la reforma del sistema. Mientras, comunidades como Aragón, Galicia o Extremadura reclaman que en los criterios de reparto se primen la despoblación, el envejecimiento o la dispersión.

3. ¿Por qué es tan difícil el acuerdo?

La reforma de la financiación autonómica no solo requiere de un pacto de Estado entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, algo altamente improbable en el actual clima de polarización política. También es imprescindible el visto bueno de las autonomías, que en este caso priman sus intereses territoriales por encima incluso de las siglas de sus respectivos partidos. En este escenario, los expertos coinciden en que únicamente será posible el acuerdo si todas las comunidades salen ganando, es decir, aumentando los recursos para el reparto de fondos que sufraguen los servicios públicos básicos.

Para ello, el Gobierno central -y voces competentes como la del director de Fedea, Ángel de la Fuente-, apuesta por una mesa de diálogo entre PP y PSOE, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que luego se imponga a nivel interno en los territorios. Por contra, los populares piden llevar el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las partes están representadas, pero del que se ha ausentado Cataluña en los últimos años.

4. ¿Por qué renace ahora el debate?

La dependencia del Gobierno central de los independentistas catalanes ha recuperado este viejo debate. Tanto ERC como Junts reclaman un trato diferenciado en la financiación autonómica para alcanzar una suerte de cupo vasco a la catalana. Los socialistas, que rechazan esa vía y siempre han defendido una reforma del sistema que mejora las condiciones de todos, sí están dispuestos a ofrecer una financiación “singular”.

De esta forma, el PSOE trata de convencer a los independentistas, en especial a ERC, de que preste su apoyo a la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Pero también a Junts de cara a la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2025.

5. ¿Qué se juega Aragón?

Aragón ha levantado la mano para advertir que no permitirá un trato diferenciado con Cataluña. En el reparto de fondos, la Comunidad se encuentra ligeramente por encima de la media, con un índice de 101,6 puntos. Pero en 2014, cuando se debería haber revisado el sistema, alcanzaba los 106,7. En consecuencia, ha perdido cuatro puestos en la clasificación, hasta la novena posición.

El coste de prestar los servicios básicos en Aragón es mucho mayor que en otras comunidades debido a la dispersión territorial, la falta de habitantes en muchas de sus comarcas y el envejecimiento de su población. Solo por poner un ejemplo, en Aragón hay un centro de salud o consultorio por cada 1.339 personas, mientras que Madrid hay uno por cada 15.922 personas y en Cataluña, cada 6.540 habitantes.