El Inaga creará un equipo para agilizar los trámites ambientales de Amazon y del resto de grandes empresas
El plan de choque para acabar con el "colapso" del organismo prevé una coordinación específica para todos los proyectos de interés general de Aragón.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) contará con un equipo específico para agilizar las autorizaciones a los centros de datos de Amazon y al resto de los grandes proyectos estratégicos de Aragón. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, en su comparecencia parlamentaria para dar cuenta del plan de choque con el fin de solventar el "colapso" que afecta al organismo. Una de las medidas estrellas será precisamente la coordinación de todos los expedientes que afecten a los proyectos de interés general de Aragón (PIGA), que contarán con una jefatura de unidad.
Manuel Blasco ha señalado que van a requerir "muchos informes medioambientales" y se debe evitar que se generen "problemas", aunque ha dejado muy claro que le preocupa lo mismo que agilizar una granja o el negocio que quiera montar un autónomo porque, de la misma forma, pueden dejar de invertir.
Como adelantó HERALDO, el plan de choque requerirá un desembolso superior a 4,4 millones de euros en tres años y medio, fundamentalmente para contratar a técnicos y a informáticos para agilizar las autorizaciones. El organismo acumula hasta 6.500 expedientes pendientes de resolución, de los cuales casi la mitad se encuentran fuera de plazo, y se estima que se necesitarán dos años para ponerse al día.
El consejero de Medio Ambiente ha sido claro al afirmar que se deben tomar medidas y "actuar cuanto antes" porque se trata de un problema endémico desde la creación del Inaga hace dos décadas. La actuación más significativa será la contratación de trece técnicos, que se sumará a una plantilla formada por 69 personas que se ha mantenido prácticamente igual desde la creación del instituto. El coste supondrá 725.000 euros al año.
Manuel Blasco ha detallado que disponen de su propia herramienta de tramitación electrónica, pero se ha quedado obsoleta y la prioridad es lograr la integración con los servicios de administración electrónica con el fin de ganar en agilidad.
Para lograrlo también se pretende contar con la colaboración Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), de forma que se va a fichar a tres expertos en administración electrónica, programación y análisis. "Hace falta una estructura de informáticos estable y con continuidad para el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones. Esto parece que es evidente, pero no lo ha sido durante 20 años", ha argumentado.
Otra de las líneas de actuación pasa por la simplificación y revisión de los procedimientos técnicos y jurídicos en los expedientes, para lo que se implementará, en los procedimientos menos complejos, la declaración responsable.
Los grupos parlamentarios han valorado la iniciativa del consejero para atajar el "retraso endémico" que acumula el Inaga en la resolución de los expedientes, aunque también se han expresado dudas. Así, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha trasladado su preocupación ante la falta de seguimiento en el cumplimiento de las resoluciones, mientras el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recriminado la política del "todo vale" que ha regido, a su juicio, en los permisos a las renovables.
Las diputadas Susana Cobo (PP) y Leticia Soria (PSOE) se han recriminado el atasco y Juan Vidal (Vox) se ha sumado a los reproches, de los que también ha responsabilizado a los gobiernos socialistas. Joaquín Palacín (CHA), Andoni Corrales (Podemos) y Alberto Izquierdo (PAR) han aludido al problema estructural que ha generado el colapso del Inaga.
