El Inaga lanza un plan de choque de 4,4 millones ante el "colapso" en los permisos ambientales
Acumula 6.500 expedientes y estima que necesitará dos años para ponerse al día. Reforzará personal, simplificará trámites e impulsará los procedimientos por vía electrónica.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha puesto en marcha un plan de choque para dar una solución al monumental atasco de autorizaciones ambientales, lo que requerirá un desembolso superior a 4,4 millones de euros en tres años y medio. El organismo acumula hasta 6.500 expedientes pendientes de resolución, de los cuales casi la mitad se encuentran fuera de plazo, y se estima que se necesitarán dos años para ponerse al día.
En su primera comparecencia en las Cortes de Aragón, el gerente del Inaga, Luis Simal, reconoció hace dos meses la situación de "colapso" que se había encontrado al asumir el cargo y que se corrobora en el denominado "plan de agilización" que anunció entonces. De hecho, se determina que el retraso "generalizado y acumulado" está provocando un "bloqueo e incapacidad", puesto que la mitad de los 13.000 expedientes que se resuelven de promedio anual corresponden a la lista de acumulados. Esto provoca que se superen los plazos establecidos antes de iniciar la tramitación por parte del personal del Inaga, especialmente en el caso de los que deberían solventarse en un mes.
La medida más significativa será la contratación de trece técnicos, que se sumará a una plantilla formada por 69 personas que se ha mantenido prácticamente igual desde la creación del Inaga hace dos décadas. El coste supondrá 725.000 euros al año.
Este incremento del personal se justifica, además, por la reciente modificación de la ley estatal de protección ambiental, que incrementará las evaluaciones en el ámbito industrial que ahora solo requieren un informe. Del mismo modo, deberán asumir más expedientes asociados a la energía, proyectos estratégicos y de interés general de Aragón (PIGA).
Al mismo tiempo, se pretende estrechar la relación con Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) para la dotación de tres puestos con experiencia en administración electrónica, programación y análisis. El desembolso se ha estimado en 173.000 euros anuales.
El Inaga dispone de su propia herramienta de tramitación electrónica, pero se ha quedado "obsoleta" y la prioridad es lograr la integración con los servicios de administración electrónica con el fin de ganar en agilidad. También se va a desarrollar una nueva aplicación en colaboración con AST. Todo este proceso de informatización requerirá 275.000 euros.
La pretensión es acometer lo antes posible una simplificación de los procedimientos, 70, que alcanzan los 180 si se tienen en cuenta las diferentes subtipologías, con distinta complejidad técnica y administrativa. Si a esto se une la administración electrónica se evitará que la plantilla tenga que seguir picando datos manualmente y puedan así dedicar su tiempo a cuestiones más complejas.
El atasco se concentra en 14 tipologías de procedimientos, con más de 4.000 expedientes, y en su resolución se van a centrar los esfuerzos. El trabajo ya ha empezado con el que acumula 1.089, que afecta a industrias o actividades de pequeños productores de residuos peligrosos y que podría estar solventado para septiembre con el tramitador electrónico implantado tras la experiencia piloto con las autorizaciones de vuelos de drones. El siguiente objetivo serán las 678 autorizaciones ambientales integradas y evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, que estarán al día para finales de año si no se tuerce el proceso.
La tramitación electrónica de los procedimientos más sencillos, "los de trámite", se seguirá ampliando de forma que en dos años se cubran hasta 35 tipos, lo que ayudará a recortar los plazos de resolución y descargar la labor burocrática del personal del Inaga.
Al mismo tiempo se procederá a la revisión de todos los procedimientos desde un punto de vista jurídico y técnico para simplificarlos y reducir las tareas administrativas. Esto conllevará implantar la declaración responsable y la comunicación.
Pese a todo, la tramitación masiva de los expedientes fuera de plazo se requerirá, además, la contratación de asistencias técnicas, ya sea con la sociedad autonómica Sarga o con consultoras, colegios profesionales y profesionales en la materia.
El Inaga se plantea firmar acuerdos marco por tipologías de expedientes para así ‘homologar’ a los consultores en diferentes ámbitos para una más rápida adjudicación. El coste se ha cuantificado en un millón de euros en el citado plan de choque, que se completa con una partida final de 50.000 euros para la implantación de un sistema de calidad.
Tasas más elevadas para los grandes proyectos
El plan de choque también recoge elevar las tasas a los servicios prestados en proyectos de afecciones ambientales importantes y que conllevan elevada carga de trabajo. Las cuantías se limitan ahora a proyectos con presupuestos de más diez millones y se van a aplicar nuevos tramos de mayor cuantía para actuaciones de hasta mil millones. Con ello se pretende recaudar 300.000 euros al año, un tercio del coste estructural que implica aumentar la plantilla. El organismo tiene un presupuesto de 6,5 millones, que cubre en un 74% con las tasas y el 26% restante con una transferencia de la DGA.
