medio ambiente
Las playas que pierden arena este verano: de Oropesa a Málaga
La plataforma Somos Mediterrania agrupa a 54 asociaciones de lugares donde la regresión del litoral llega a afectar incluso a apartamentos en primera línea. El 20 de julio han convocado una protesta.
Los veraneantes asiduos de la costa se encuentran cada año con algunas playas cada vez más estrechas. La pérdida de arena por la regresión del litoral debido a diferentes causas, entre ellas, la huella de las tormentas que se producen en invierno, amenaza con la desaparición de algunas e incluso pone en riesgo apartamentos construidos en su día en primera línea. La plataforma ciudadana Somos Mediterrania, que se creó en 2020 para pedir medidas tras los daños que causaron las borrascas Gloria y Filomena, ha convocado una cadena humana el 20 de julio, a las 12.30, en todas las playas afectadas. Un total de 54 enclaves ya se han sumado al movimiento, el doble que en sus inicios.
La organización, formada en su mayoría por propietarios de viviendas y segundas residencias, lucha "por la protección del patrimonio litoral" y se consideran afectados por la Ley de Costas y la falta de regeneración. El colectivo denuncia la "indefensión jurídica y pérdida de derechos" por la aplicación que creen "arbitaria" de la actual Ley de Costas. Las políticas medioambientales de protección del litoral, contratrias a las intervenciones, se consideran un "abandono" por parte de los integrantes de la asociación. Algunos viven con la amenaza de la pérdida de su apartamento en primera línea si el mar avanza y desaparece la playa, el paseo marítimo y el agua llega a su puerta. Entonces se producen los llamados 'deslindes', por los que el Estado puede expropiar viviendas si las olas han llegado hasta ellas.
"No tiene sentido que se culpe a los propietarios de estar ahí", lamenta Belén López, una de las portavoces del movimiento ciudadano. La familia de esta zaragozana tiene un apartamento en Oropesa (Castellón). Defiende que "hay playas en equilibrio (artificial o natural) que son víctimas de un tratamiento confiscatorio sin base cientifica".
"Al final las playas están desapareciendo por la retención en los embalses de los sedimentos y los espigones que han ido beneficiando a unas y perjudicando a otras", pone como ejemplos de los problemas actuales. Debido a las corrientes de agua que traen, pero también se llevan la arena, "el espigón beneficia a la playa del norte, pero las del sur salen perjudicadas", lamenta. La playa Morro de Gos que frecuenta es una de las que más anchura de arena ha perdido en estos años. Pide "hacer un estudio integral para que no se beneficie una parte", cuenta. En su caso, el espigón se hizo en la playa del complejo turístico Marina d’Or, situada al norte. Este verano reconoce que la han encontrado mejor que otros, aunque con una pendiente para bajar a la orilla y menos arena.
Hundimiento del 70% de los arenales en la Comunidad Valenciana
Por todo ello, la organización ha solicitado la necesidad de un "consenso político" que permita aprobar "medidas urgentes", que "frenen la erosión y hundimiento de más del 70% de los arenales de la costa de la Comunidad Valenciana". Entre las razones que han llevado a esta situación apuntan al "apresamiento de las arenas que las alimentaban, al quedar retenidas en las presas construidas en los ríos y aguas arriba en los espigones y diques construidos en el mar". En estos años han analizado distintas alternativas técnicas y medioambientales para solventar esta situación.
En la larga lista de municipios en los que hay vecinos que ya se han movilizado figuran varias playas de Denia, Benicassim, Moncofa, Cullera, Gandía, Sagunto, Elche, Guardamar del Segura, Vélez-Málaga, e incluso alguna de Baleares y Canarias, entre otras.
El mes pasado celebraron su III Asamblea en Oropesa (Castellón). En la reunión participaron representantes de diversas provincias y ponentes de los grupos de trabajo jurídico, técnico-ambiental, institucional y eventos, repasaron las acciones realizadas durante el año y establecieron los objetivos y hoja de ruta para el siguiente, según informaron en un comunicado.
Edificios en primera línea en un "limbo jurídico"
Entre los asociados hay situaciones muy diferentes. Rafael Pinilla es otro aragonés que pertenece a la plataforma y que preside la Asociación de Serra Grossa y Albufereta, de Alicante. En su caso, el apartamento que compró en 2010 es su vivienda habitual ya que se trasladó en 2013 por trabajo y allí se ha jubilado. Los edificios de viviendas, construidas en los años sesenta y setenta, en pleno desarrollismo de la costa sin control, se encuentran desde hace décadas en un "limbo jurídico". Unas 2.000 viviendas se edificaron en esta playa de Alicante, que siguen vendiéndose y comprándose, están inscritas en el Registro de la Propiedad, pero cuya situación urbanística es "irregular", reconoce.
"Si no protegen nuestra zona de costa, las olas rebasarán el dique y dirán que esto ya no es privado, sino público, y que su casa hay que tirarla", lamenta. "Se hace ver que se trata de insensatos que construyeron al borde de la playa, pero no es así. No se puede responsabilizar a los perjudicados", afirma. Uno de los proyectos que hay sobre la mesa plantea regenerar creando una playa artificial delante de los edificios. Cubriendo de arena las pistas de tenis que hay delante, según un informe del CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Transportes.
El Tribunal Supremo anuló la reforma del Reglamento de Costas del Ejecutivo por no haberse cumplido con el trámite de la participación pública. Desde el Gobierno se ha procedido de nuevo a su inmediata tramitación.
Somos Mediterrania y asociaciones del litoral han presentado alegaciones a una norma que creen que "no responde a las necesidades reales de la costa y en la que la sociedad civil no está siendo escuchada".
35 años a vueltas con la Ley de Costas
Los conflictos con el Gobierno central por la ley de Costas se remontan a hace más de 35 años. "Su aplicación solo ha servido para facilitar el avance del mar, perder territorio de los municipios y ciudadanos en favor del Estado a coste cero y deteriorando el patrimonio litoral y los derechos de miles de ciudadanos", denuncian desde la asociación. Se refieren a los deslindes que terminan en expropiación. "Vamos a tener reuniones con todos los grupos políticos en Madrid. Queremos hablar con todos para que se pongan de acuerdo", señala López, que asegura que no se vinculan a ninguna formación, ya que necesitan un acuerdo que cumplan todos.
La organización pide un plan de regeneración de playas y "reformas legales urgentes que protejan nuestro patrimonio territorial, y se aplique la Directiva Europea sobre responsabilidad medioambiental" para que "el que contamina, que pague". De momento, ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Ordenación y Protección de la costa de la Comunitat Valenciana. Entre las claves que reclaman a la regulación actual destacan las siguientes:
1. Guiarse por la normativa comunitaria europea, que indican cuenta con "numerosos pronunciamientos en favor de los ciudadanos y la sostenibilidad de los ecosistemas costeros".
2. Asegurar la protección de los derechos de los afectados frente a normas estatales retroactivas y que "no responden a la necesidad real del litoral", aseguran.
3. Apostar por criterios de sostenibilidad en la gestión ambiental de nuestra costa, "con vocación integral e inclusiva". Ninguna actuación de la Administración puede eludir el rigor jurídico, técnico, y la justicia social, piden.
4. Un consenso político que paralice definitivamente lo que consideran el "vaivén legislativo" de los últimos 35 años, con los afectados en medio.
