El Tribunal de Cuentas recomienda a Vivienda que coordine su política con las comunidades
Según el Tribunal de Cuentas la 'insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados incrementa el riesgo de que se produzcan desigualdades'.
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que 'refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa, con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados'.
Tras fiscalizar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el tribunal ha concluido que existe una 'insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados, como son el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el Tercer Sector', lo que, a su juicio, 'incrementa el riesgo de que se produzcan desigualdades'.
También ha detectado que existe una 'desconexión' entre la estrategia de vivienda del plan estatal y las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 relacionadas con este ámbito, situación que, según dice, se mantiene en la actualidad.
El informe del Tribunal de Cuentas refleja diversas 'debilidades en la planificación y diseño' del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, derivadas de esa desconexión y de la insuficiente coordinación entre administraciones.
'Estas debilidades afectan a la coherencia del plan y propician la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades autónomas, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades', señala el órgano fiscalizador.
Cuantificar objetivos
Por otro lado, el informe concluye que los objetivos definidos en el Plan Estatal el Vivienda 2018-2021 no estaban cuantificados, lo que dificulta la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.
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Además, los plazos previstos para la ejecución de las actuaciones de los distintos planes se extendieron más allá de los cuatro años correspondientes a su vigencia y fueron objeto de prórrogas sucesivas; situación que propicia que los diferentes planes se solapen entre sí, subraya el tribunal.
De hecho, recuerda que en 2024 permanecían vivos tres planes: el plan estatal 2013-2016, el de 2018-2021 y el 2022-2025, lo que, a juicio del órgano fiscalizador no solo dificulta las actuaciones de seguimiento de la Administración General del Estado sobre la ejecución de las comunidades de los programas de ayudas, sino que impide hacer una evaluación del impacto de las ayudas correspondientes a cada plan al finalizar su vigencia.
El procedimiento establecido para que el entonces Ministerio de Transportes efectuara el seguimiento de la efectiva ejecución por las comunidades autónomas de los programas en los que se estructuró el plan 2018-2021, adolece asimismo de múltiples deficiencias que se analizan en el informe.
Este realiza una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y para que refuerce la cooperación y coordinación entre administraciones.
Además, recomienda establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades en los convenios de colaboración.
