Anticorrupción acusa al hermano de Ximo Puig de estafa y falsedad documental
La Fiscalía cree que usó su empresa Mas Mut para cobrar más de 110.000 euros en subvenciones con facturas falsas, cruzadas y duplicadas.
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto contra las cuerdas al empresario Francis Puig. El Ministerio Público ha firmado un informe contundente contra el hermano del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y contra su socio Juan Enrique Adell Bover, y pide que se abra juicio oral a los dos investigados por la comisión de los delitos de falsedad documental y estafa agravada.
La investigación sobre un posible delito de fraude de subvenciones públicas, que ha sido descartado porque el montante no supera los 120.000 euros, ha destapado una red de empresas con el objetivo de lograr el máximo de ayudas posibles de las administraciones públicas. El informe del Ministerio Fiscal, que es demoledor, acusa directamente al hermano del expresidente de la Generalitat y actual embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, de generar facturas falsas, de justificar pagos inexistentes, de cruzar recibos con otras empresas para dar validez a las ayudas recibidas y de crear una empresa fantasma, en este caso Mas Mut Produccions, con el único fin de conseguir el máximo de dinero público posible.
El cártel de las productoras, como se le conoce a la tela de araña de las empresas de Francis Puig y sus socios, ya fue pillado in fraganti por À Punt pactando precios para quedarse con varios concursos de la cadena autonómica. El caso pasó a manos de Competencia de la Generalitat, que impuso una multa de más de 40.000 euros a las empresas por actuar al margen de la ley.
El PP denunció también la adjudicación de varias subvenciones a las empresas del hermano del presidente del Consell en la etapa del Botánico para la promoción del valenciano. Un asunto que estuvo en manos de la Conselleria de Educación, gestionada por Compromís, que siempre se mostró tibio en su reacción a la denuncia popular.
El informe de Anticorrupción, que evita el caso del fraude subvenciones, deja contra las cuerdas a Francis Puig y sus socios, que ven cómo detrás de una denuncia se ha estirado de un hilo que ha sacado a la luz una presunta trama de estafa y falsedad documental que salpica de lleno a estos empresarios. De hecho, el Ministerio Fiscal invita tanto a la Generalitat valenciana como a la de Cataluña a iniciar medidas legales y pide que se abra juicio oral contra el hermano del exlíder socialista y su socio.
El límite de los 120.000 euros
El fraude de subvenciones se ha descartado porque el presunto desvío de cantidades no ha llegado a los 120.000 euros en un año natural, que es el mínimo que marca la ley para ser considerado delito.
En cambio del análisis de toda la documentación aportada ha florecido la posible comisión de los delitos de falsedad documental y estafa agravada, con un gran número de pruebas, según el escrito remitido por Anticorrupción al juzgado número 4 de Valencia. "Se han detectado facturas cruzadas entre las empresas de los dos investigados en la presente causa, Francis Puig (Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions) y Juan Enrique Adell Bover (Canal Maestrat y Kriol), con inicios de que pueda tratarse de facturación falsa".
La empresa matriz de Francis Puig es Comunicacions dels Ports y la investigación de la Policía Judicial apunta que la facturación presentada para acreditar las cuentas cuenta con recibos cruzados y duplicados, "que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público". Además, Adell Bover sería colaborador necesario del delito por aportar facturas de sus empresas a las ayudas recibidas por Puig.
Mas Mut
El meollo de este asunto está en la otra empresa administrada por Francis Puig. La clave del delito de estafa lo soporta Mas Mut Produccions. Los investigadores han puesto la lupa en la mercantil, "que puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental, e incluso podría cuestionarse seriamente el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones obtenidas". Para Anticorrupción, Mas Mut es una mercantil redundante con la labor de la otra firma del grupo, Comunicacions dels Ports.
Además, la investigación apunta que la sede social de la firma "es ficticia" -calle Nogueretes 2, Peñarroya de Tastavins (Teruel)- porque está ubicada en una vivienda particular, donde no se ha hallado ningún indicio de actividad. Algún trabajador ha declarado que la actividad en la que trabajaba no tenían que ver con el objeto social de la empresa y, además, uno de los datos más relevantes, es que todas las solicitudes de subvenciones que pedía Mas Mut lo hacía con el domicilio social de Comunicacions dels Ports -calle Tint, 9 de Morella-. Además, según Anticorrupción, también se incorporaron direcciones fantasma, como el de calle Zaporta, 17.
Mas Mut no podía optar a subvenciones de la Generalitat al no tener su sede social en la comunidad, impedimento que al parecer esquivaba con el domicilio de Comunicacions dels Ports en Morella: "La mayor parte de la documentación para justificar el abono de las subvenciones podría tratarse de facturación falsa o creada con esa finalidad". Una actuación que podría ser constitutiva de los delitos de documentación falsa y estafa agravada, "y de forma subsidiaria, de apropiación indebida".
Unos delitos que se extienden a Juan Enrique Adell Bover por aportar también en este caso facturas de sus empresas para que Francis Puig pudiera justificar las ayudas. Anticorrupción defiende que se han aportado facturas cruzadas entre Comunicacions dels Ports, Nova, Canal Maestrat y Kriol -las tres últimas están vinculadas a la familia Adell Bover- y "todas ellas han podido ser creadas para la obtención de subvenciones de mayor cuantía que la que correspondería". La investigación florece una gran cantidad de facturas falsas, impagadas y duplicadas.
La estafa y la falsedad documental se mide en una cantidad concreta: 110.691,97 euros. Esta es la cifra que Mas Mut Produccions habría obtenido de manera ilegal -58.866,69 euros de la Generalitat valenciana y 51.825,28 euros, de Cataluña-. La Fiscalía apunta que si el juzgado que lleva el caso acepta la comisión de los delitos, los gobiernos autonómicos afectados deberían iniciar las acciones judiciales pertinentes.
