El PP exige que la reforma de la ley de extranjería no excluya a Cataluña
Consideran la medida un "parche", rechazan ser los culpables de que pueda decaer la iniciativa y señalan al Gobierno los 'noes' de Junts y ERC.
Gobierno y PP han convertido la cuestión migratoria en el último pulso parlamentario que se librará en el Congreso antes del parón de agosto. El PSOE registró este lunes junto a Sumar y Coalición Canaria la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y convertir así en obligatorio el reparto de menores no acompañados cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida -como ocurre actualmente en Canarias-. Sin embargo, la medida no tiene, por ahora, asegurado el apoyo en la Cámara baja y los socialistas confían en atraer al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, al menos, con una abstención después de que Junts se haya situado en el 'no'.
El PP considera la medida como "un parche" e insta al Gobierno a convocar, primero, una conferencia de presidentes autonómicos para debatir la cuestión migratoria y, posteriormente, introducir una disposición que recoja expresamente a todas las comunidades para evitar, aseguran, que Cataluña quede excluida de este reparto, como piden desde Junts -aunque Moncloa ya ha mostrado su "negativa rotunda"a que esto suceda- si finalmente se transfieren las competencias de migración a esta comunidad.
También expresan su "profunda discrepancia" con el hecho de que el Gobierno recurra a una proposición de ley en lugar de hacerlo por un proyecto de ley, que hubiera permitido "los informes preceptivos técnicos y un debate mucho más solvente" -el presidente de Canarias y socio del PP en dicha comunidad, Fernando Clavijo, pidió la semana pasada que se tramitara, en cambio, como decreto ley-.
El portavoz del PP, Borja Sémper, de hecho, dejó en el aire el apoyo de su partido a la reforma de la ley de extranjería y puso deberes al Gobierno. Entre otras cuestiones, instó a Pedro Sánchez a declarar la situación de emergencia migratoria, ofrecer recursos y financiación a las comunidades que se impliquen en la acogida de menores no acompañados. Un mayor control de las fronteras y cerrar acuerdos con una Unión Europea y los países de origen de la inmigración irregular. "En definitiva, un plan nacional que no piense en el día de hoy, sino a largo plazo. Y nos encontramos a partidos políticos que quieren obtener réditos partidistas con esta cuestión", señaló.
La idea que se ha instalado en Génova es que Moncloa va a tratar de utilizar sus dudas ante la reforma de la ley de extranjería como un ariete que, creen en el partido, han perdido desde que Vox rompió la semana pasada los pactos que mantenía con el PP en cinco comunidades autónomas. "Sánchez no quiere resolver un problema, sino repartir culpas", reconoció Sémper, al tiempo que llamaba al PSOEa pactar la medida con ERC o Junts y no responsabilizar a su formación. Los primeros se abstuvieron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud cuando se propuso el reparto de 347 menas entre las comunidades, mientras que los segundos siguen cerrados a que Cataluña forme parte del reparo.
Desde el PSOE la lectura es distinta y apuntan sus andanadas al PP. Su portavoz, Esther Peña exigió este lunes en rueda de prensa a Alberto Núñez Feijóo que "deje de ponerse de perfil por miedo a una pérdida de votos". "Los brindis al sol ya no sirven para nada. Lo único que pretende esta ley es que todas las comunidades autónomas sean solidarias con las comunidades fronterizas en el sur, que el Partido Popular demuestre por una vez que su política no está condicionada por la ultraderecha y que esos niños y niñas que necesitan de acogida les importan o les deberían importar más que la táctica política", explicó.
Sin 'plan B' en el horizonte
En el Gobierno reconocen que no tienen un 'plan B' en el caso de que no se apruebe la reforma de la ley de extranjería más allá de poner en práctica medidas puntuales y no estructurales. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, explicó este lunes, tras el registro de la proposición de ley que hay "otros mecanismos" que se pueden poner en marcha y que "se deben estudiar", como por ejemplo declarar la emergencia.
También se refirió al decreto ley que solicita Canarias para que la repuesta sea inmediata. "De momento hemos optado por la proposición de ley porque genera más garantías jurídicas para los niños y las niñas", añadió.
Lo cierto es que tanto en Moncloa como en Génova evitan restar gravedad a la situación migratoria que se vive en Canarias -su sistema de acogida cuenta con 6.000 menores no acompañados, el doble de su capacidad-, y en ambos casos reconocen que la llegada de cayucos y de inmigrantes irregulares se incrementará exponencialmente en agosto -como ha venido ocurriendo en los últimos años- tensando aún más si cabe esta cuestión en lo humanitario, pero también en lo político. Ante la urgencia, el PSOE tiene prevista la posibilidad de llevar la proposición al Congreso el martes que viene, pero si no hay consenso se podría apurar hasta el 30 de julio.
