El PSOE y el PP llegan a un acuerdo para renovar el CGPJ tras cinco años de bloqueo
En la reunión han participado Félix Bolaños y Esteban González Pons en representación de sus respectivos partidos, junto a la vicepresidenta Vera Jourová en representación de la Comisión Europea.
El PP y PSOE han alcanzado un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la "inmediata" renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, según han confirmado fuentes socialistas y 'populares'.
El acuerdo se ha conseguido en la reunión que han mantenido esta tarde en Bruselas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
La fructífera negociación culminada este martes en Bruselas permitirá, según el PP, acometer ya este mes de julio, en un pleno extraordinario del Congreso, la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y magistrados y los pasos para modificar la Ley Orgánica del Poder judicial a fin de "reforzar" su independencia.
Explican también los populares que se garantiza así una "composición absolutamente equilibrada del CGPJ" gracias a veinte nuevos miembros "con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de duda".
La modificación normativa en el sistema de elección, añade el PP, se articulará mediante una proposición de ley que encargará a los nuevos miembros del Consejo redactar la ley que reforme el método de elección atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea. La clave está en que incluirá expresamente un nuevo modelo de "participación directa" y de votación para que los propios jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.
Según sendas notas idénticas facilitadas por el PSOE y el PP, el pacto supone "proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". Y también tramitar esa reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros. En este punto también invocan las recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en el mismo informe. El tercer punto del acuerdo prevé además el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional cuya vacante está pendiente de ocupar.
El PP ha añadido además que gracias al pacto alcanzado "ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras" en el seno del CGPJ porque todas las decisiones tendrán que adoptarse por mayorías reforzada de tres quintos. También explica que el Gobierno no podrá "señalar" al presidente del Tribunal Supremo porque por primera vez los nuevos vocales del Poder Judicial serán quienes elijan al magistrado que presida el alto tribunal con un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por los partidos. Finalmente asegura el PP el que el acuerdo comporta la prohibición de que un ministro pueda ser designado fiscal general del Estado, como sucedió con la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado
Tareas urgentes
El nuevo CGPJ tendrá entre sus tareas más urgentes la de cubrir las 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS) -lo que se traduce en el 30% de su plantilla- y las 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) ante la imposibilidad que arrastra desde 2021 el órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos con el mandato caducado.
La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde la gestión de la administración de justicia a la salvaguardia de la independencia judicial, pasando por el gobierno de los recursos humanos, un cometido donde destaca su poder para realizar nombramientos, algunos reglados y otros discrecionales, con el objetivo de ir llenando los huecos dejados en los distintos juzgados y tribunales por jueces y magistrados.
El CGPJ saliente, a pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y que desde entonces ha perdido cinco vocales -dos por jubilación, dos por dimisión y una por defunción-, ha podido seguir trabajando, excepto en lo que respecta a efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno y aprobada en marzo de 2021 prohíbe que un Consejo caducado haga estas designaciones.
La modificación legal -ideada por Moncloa como medida de presión sobre el PP para que pactara la renovación del CGPJ- ha provocado que las vacantes surgidas en los altos tribunales durante estos tres años se hayan quedado sin cubrir.
