economía
Afectados por la multipropiedad: "Llevamos años intentando anular un apartamento de Denia y no hay manera"
Una pareja de Zaragoza trata de deshacerse de la compra que firmó en 2007, cuya deuda teme que heredarán sus hijos.
Luis y María acudieron en 2007 a una reunión en un céntrico hotel de Zaragoza respondiendo al gancho de un "regalo seguro" solo por asistir. Habían recibido en su casa una carta como muchas que llegaban en esa época a los buzones, y decidieron ir. No sabían que iban a salir con un compromiso financiero que les ataría hasta hoy.
En el encuentro les vendieron un apartamento en Denia en régimen de multipropiedad, que permite el uso una semana al año, por el que pagaron 13.000 euros más intereses. La fórmula vacacional terminó por no convencerles y unido a cuestiones personales optaron por querer rescindir el acuerdo, pero no han podido. "Llevamos años intentando anular el contrato del apartamento en Denia y no hay manera", confiesa su hija, que se hace cargo del papeleo. En 2015, la empresa que se encarga del mantenimiento del edificio, al que nunca han ido, les reclamó 2.500 euros por recibos de comunidad impagados. Tras saldar esa deuda les han vuelto a exigir este año 1.700 euros, que si no responden volverá a subir a 2.500, les han advertido, según cuenta su hija.
En el límite de la legalidad
"En el inicio de las reclamaciones del pago de hace cuatro años me puse en contacto con un abogado e iniciamos una demanda por lo mercantil", cuenta sobre los primeros pasos legales que empezaron a dar, después de arrastrar años con el contrato guardado en un cajón y el apartamento sin aprovechar. Ante la lentitud del caso, la hija confiesa: "Yo me desespero". Como sus padres, prefiere no dar más datos personales, pese a haber sido ellos los que se sienten estafados.
"Son empresas que operan en el límite de la ley y suelen ser todos los administradores insolventes", apunta José Antonio Jiménez, el abogado madrileño de la familia. La multipropiedad es una fórmula legal, pero que tiene que cumplir una serie de requisitos. En este caso, decidieron poner la demanda en el domicilio de la empresa que les vendió el apartamento en multipropiedad, aunque suele interponerse en el juzgado del consumidor. Los casos se complican porque las sociedades van cambiando de nombre y, a veces, resulta difícil localizarlas. "La compañía está ya desaparecida y el administrador en la cárcel", explica el abogado sobre la sociedad de la empresa. Las notificaciones se han tenido que enviar a la prisión donde se encuentra cumpliendo condena, aunque no sabe si por este u otros negocios. "Suelen poner administradores de paja, gente que no tiene ninguna relación con la empresa", señala.
Contratos nulos por falta de claridad
Con todo, el abogado asegura que "la jurispridencia es muy clara en declarar la nulidad en estos casos". Entre las razones, los tribunales se apoyan en que los contratos no especifican con claridad qué semana al año se puede disfrutar. Además, denuncia que se ponen precios de conservación de los elementos comunes "altísimos", que hacen que "al final casi no te compensa porque por lo que pagas de mantenimiento casi te puedes ir a un hotel una semana".
Como en el caso de la pareja zaragozana, Jiménez cree que "la gente tarda mucho tiempo en reclamar" y suelen hacerlo cuando le vienen reclamaciones de recibos de comunidad impagados. "La gente cree que si no lo utilizan no le van a reclamar nada, pero no es así, porque eres propietario". El primer paso en el juzgado es conseguir que un juez diga que el contrato es nulo. A partir de ahí se podrá paralizar el cobro de las cuotas de la comunidad.
A la hora de recuperar el dinero, como vienen advirtiendo otros abogados, hay más posibilidades de cobrar cuando para la compra se utilizó un préstamo bancario, como en este caso. Si la empresa que ahora posea las viviendas en multipropiedad es insolvente, podrá responder la entidad financiera.
El letrado recuerda que no hay plazo para reclamar. Se aplica la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre gastos hipotecarios y demás cláusulas abusivas, que indica que el plazo para pedir la devolución no empieza a correr hasta que el propio consumidor no obtenga una sentencia que señale que firmó una cláusula abusiva.
"Ya no es que mis padres tengan que pagarlo ahora sino que nosotros lo heredaremos", teme la hija sobre las facturas que siguen llegando periódicamente con los gastos de comunidad.
