VIVIENDA
Construir las 600.000 viviendas que hacen falta en España costaría 75.000 millones
Los expertos reclaman aprobar la reforma de la ley del suelo para impulsar la oferta de vivienda.
Que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas ya nadie lo pone en duda. Afecta sobre todo a los jóvenes y a las rentas bajas, pero también puede acabar estrangulando el crecimiento económico. Por eso, los expertos reclaman un Pacto de Estado que ponga soluciones al problema. Y la solución comienza por desarrollar suelo para la promoción de viviendas. En esto coincidieron todos los participantes en la jornada 'Situación del mercado inmobiliario y política de la vivienda' organizada por Funcas.
Carlos Ocaña, director general de Funcas, explicó que «cualquier solución pasa por construir más porque el principal cuello de botella es la escasez de viviendas». Cualquier política de vivienda tiene que apostar por aumentar la oferta de vivienda, dijo, empezando por «arreglar la mala regulación del suelo, que se puede hacer casi gratis».
El pasado 23 de mayo, el Gobierno retiró del Congreso el proyecto de reforma de la ley del suelo para evitar dos derrotas parlamentarias en una semana porque Sumar, su socio de coalición, no la apoyaba y no contaba con los votos suficientes, aunque esto tenía más que ver con el momento electoral que con la ley. La semana pasada, el PSOE y el PNV presentaron una proposición de ley para reformar la ley del suelo y, este lunes, el PP ha anunciado que presentará en el Senado -donde tiene mayoría parlamentaria- su propia norma que incluirá la eliminación del tope al alquiler que se incorporó en la ley de vivienda.
Sea de una manera o de otra, la regulación del suelo tiene que proporcionar más seguridad jurídica en los planes de ordenación urbanística para que se construyan más viviendas. En la actualidad, apenas se proporcionan visados para 90.000 viviendas al año cuando la formación de hogares supera los 250.000. Eso ha provocado que exista un déficit de 600.000 viviendas en estos momentos, según los cálculos del Banco de España. Construir esas 600.000 nuevas viviendas supondría una inversión de cinco puntos del PIB (alrededor de 75.000 millones de euros), advirtió Carlos Ocaña, que abogó por la colaboración público-privada porque el Estado no tiene tanto dinero.
Además, Ocaña pidió «no demonizar» el modelo español basado en la vivienda en propiedad, algo que se lleva haciendo desde la crisis de 2008, ya que también se da en muchos otros países como Italia, Portugal o Francia en proporciones similares a la de España.
Durante las jornadas, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, alertó de que el déficit de vivienda "va a aumentar" si no se toman medidas decididas por el lado de la oferta, entre ellas, resolver los problemas de disponibilidad de suelo. A su juicio, algunos aspectos de la ley retirada favorecían la mayor disponibilidad de suelo y la flexibilidad en algunos de los requisitos administrativos.
«No hay ninguna solución en el corto plazo», reconoció Gavilán, pero sí advirtió que los controles de precios de alquiler pueden restringir la oferta y que algunas medidas de protección de los inquilinos pueden acabar excluyendo a los colectivos que se pretende proteger o desplazando las viviendas a alquileres menos regulados, como el de temporada.
El director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, propuso impulsar el desarrollo de suelo y dirigirlo al alquiler. Esta actuación desde el lado de la oferta es más eficiente, señaló, que los avales del ICO para la compra o las ayudas a los hogares al alquiler porque eso acaba trasladándose al precio. En cuanto al problema de la mano de obra, Torres recordó que hay 129.000 parados que provienen del sector de la construcción, de los cuales el 90% lleva menos de un año en desempleo, y sería factible reinsertarlos en el sector. Además hay 250.000 jóvenes parados con educacion secundaria o Formación Profesional que podrían enfocarse a la construcción con una formación adicional.
La secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio, criticó que «no tiene sentido» tardar entre 20 y 30 años en desarrollar proyectos urbanísticos por el problema del suelo y ha avisado de los cuellos de botella en los proyectos urbanísticos.
«Todos esperamos como agua de mayo la Ley de Suelo, que va a suponer un desarrollo de la oferta y crear unas mejores condiciones de seguridad jurídica», concluyó el catedrático de la Universidad de Valencia y director del área financiera y digitalización de Funcas, Santiago Carbó.
