La jueza ordena el cese del internamiento para cinco de los menores del centro de Ateca

En paralelo al decreto de cierre provisional del Centro de Acogida de Menores de Ateca, la jueza que instruye el caso por las supuestas agresiones denunciadas por al menos dos de sus residentes ha dictado también el cese del internamiento para cinco de los jóvenes. La medida podría hacerse extensible a otros nueve que en estos momentos están fugados y que la Guardia Civil busca para averiguar si también han sido víctimas de los malos tratos investigados. Respecto al resto de los usuarios, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) los ha reubicado a lo largo de la tarde de este viernes, según se informa desde el Departamento de Bienestar Social y Familia. 

El Centro de Acogida de Menores de Ateca está gestionado por la UTE que forman la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, y que mantiene un concierto con la DGA. A primera hora de esta tarde, la residencia seguía abierta y de hecho se podía ver a varios de los menores haciendo gestos a través de las ventanas. Eso sí, nadie atendía al timbre. Ha sido después cuando la instalación se ha ido desalojando. Tiene una capacidad para unos 30 chavales y veinte de las plazas son las que están concertadas con el IASS. En el centro también había jóvenes de otras comunidades autónomas que han regresado a su lugar de procedencia. 

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“No se juntan mucho con los chavales del pueblo, pero nunca han causado ningún problema”, destacaba una vecina que contaba que por la mañana "varios de los chicos han estado en la piscina municipal con una monitora". Otra, lamentaba sobre los jóvenes “lo que han podido vivir si es verdad lo que se cuenta” y un tercero se apenaba de que “últimamente Ateca solo se conozca por desgracias”, en referencia al reciente caso de la niña ahogada en una piscina hinchable de su casa.

Al inicio del verano, según refieren extrabajadores, en el centro había 30 menores internos. Sin embargo, la cifra actual sería menor debido a la marcha de varios de ellos. También apuntan a que algunos de los empleados se han ido en las últimas semanas.

El jueves declararon ante la jueza, además de los dos menores denunciantes -una chica y un chico de 16 y 17 años- respectivamente, la psicóloga del centro, el enfermero y dos trabajadoras que están de baja como consecuencia de los hechos que se investigan. Este viernes pasaron a disposición judicial los cinco detenidos, el director, dos monitores y dos auxiliares, para los que posteriormente se ha decretado prisión provisional como presuntos autores de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal.