La Justicia da la razón a la DPZ y niega que se vulnerara al PP su derecho a la participación
Rechaza el recurso de los conservadores para anular los presupuestos porque pudo intervenir en su tramitación y les condena a pagar las costas del juicio.
El Partido Popular ha perdido la batalla judicial contra la aprobación de los presupuestos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza ha dado la razón a la institución, gobernada por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, y niega que en la tramitación de las cuentas de 2024 se vulnerase el derecho a la participación política a la oposición. Y tan claro lo tiene la Justicia que ha condenado al grupo popular a pagar las costas del juicio, fijadas en 1.000 euros.
La jueza María Pilar Gómez Sancho comparte los argumentos planteados tanto por la asesoría jurídica de la DPZ como por la propia Fiscalía, negando que la convocatoria de una comisión extraordinaria y urgente para tramitar el presupuesto a finales del año pasado supusiera un menoscabo al derecho del PP a participar.
Los populares recurrieron el acuerdo de la comisión de Presidencia que dio su visto bueno el 21 de diciembre de 2023 a la aprobación de las cuentas provinciales para 2024, que salieron adelante en el pleno celebrado seis días después. A su juicio, se vulneró su derecho fundamental a la participación política porque no dispusieron de la documentación con las 48 horas previas preceptivas, lo que les privó del "tiempo imprescindible para estudiar antecedentes, datos, documentos e informaciones obrantes en poder de los servicios de la Diputación".
En su sentencia, la jueza recuerda que la Fiscalía no apreció la vulneración del derecho de participación porque la convocatoria urgente y extraordinaria se ratificó por el pleno y se justificó en la comisión previa. Además, añade que "medió plazo suficiente" hasta la sesión plenaria para tener acceso y analizar toda la documentación presupuestaria.
La DPZ abundó en el mismo argumento y añadió que la demora en la tramitación administrativa de las cuentas se debió "al ‘hackeo’ del sistema informático de la Diputación que había dificultado, cuando no impedido, el normal funcionamiento de los servicios provinciales".
El fallo destaca en negrita que la declaración de urgencia de la convocatoria fue respaldada por todos los partidos (PSOE, En Común, CHA y Vox), salvo el PP y se motivó en el citado ‘hackeo’. Recuerda que el objetivo era lograr que el presupuesto de 2024 estuviera operativo desde principios de año como obligan hasta dos leyes, por lo que se "aprecia" la urgencia de la convocatoria.
Fuentes de la DPZ han añadido este jueves que el PP sabía que la comisión era legal porque fueron los primeros en convocarlas cuando gobernaron y nunca las habían recurrido estando en la oposición. "Sin embargo, esta vez decidieron ir a los tribunales poniendo en riesgo nada más y nada menos que el presupuesto de la Diputación. Tendrán que dar explicaciones, sobre todo a los alcaldes y los vecinos de la provincia, pero su actuación se califica por sí sola", han apostillado.
