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PSOE y ZEC piden ampliar la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza y Vox quiere que sea "menos lesiva"

Los socialistas presentan votos particulares para extender su perímetro a la margen izquierda del Ebro y que se comience a multar en 2025 y no en 2026. 

Señal que delimita la actual zona de bajas emisiones, en el paseo de Echegaray y Caballero
Señal de la Zona de Bajas Emisiones.
Guillermo Mestre

El grupo municipal del PSOE quiere que la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza abarque más calles y que entre en vigor antes de lo previsto. Ha presentado votos particulares a la futura ordenanza que regulará este área restringida para los vehículos contaminantes que, entre otras cuestiones, van dirigidas a ampliar su extensión hasta la margen izquierda del Ebro en el Arrabal. También quieren reducir de cuatro a dos las fases de implantación para que se haga efectiva ya el próximo año y no en 2026. También ZEC demanda más restricciones, mientras que las propuestas de Vox van en el sentido contrario y reclaman unos horarios más ajustados. 

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha llegado a tiempo a la fecha límite marcada por el Gobierno de España para la entrada en vigor de estas zonas, con las que debe contar cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes. El edil lo ha achacado a que desde el PP se ha querido "retrasar todo lo posible su aprobación". Según ha añadido, la alcaldesa Natalia Chueca "a diferencia de la mayoría de ciudades europeas no ha tenido una voluntad clara" de establecer la Zona de Bajas Emisiones. "Dijo que no era una prioridad", ha reprochado. 

Según ha indicado, el PSOE ha presentado votos particulares encaminados a "propiciar que en 2030 Zaragoza sea climáticamente neutra" y que pasan por "ampliar el perímetro y acortar las fases de implantación". Para Giral, la propuesta diseñada por el gobierno municipal se centra principalmente en calles peatonales y algunas que son de plataforma única, por lo que resulta, dice, una Zona de Bajas Emisiones "prácticamente de juguete". 

"Vamos a proponer que se amplíe por los costados, por un lado hasta la calle de Mayoral y el paseo de María Agustín y la plaza de Europa y por otro, de San Vicente de Paúl a Asalto para enlazar con el Coso", ha declarado. Asimismo, la intención de los socialistas es que llegue también a la margen izquierda en el Arrabal. "Es razonable que si hay altos niveles de contaminación en Don Jaime I también pueda existir a 200 metros al otro lado del Ebro", ha indicado. 

Sobre los plazos, la intención es que entre en vigor oficialmente, es decir, que se comience a multar a los incumplidores, en 2025 y no en 2026 y que la extensión a la zona más amplia, que abarcaría hasta la plaza de Basilio Paraíso, se haga en 2028 y no en 2030. 

Una ordenanza con menos restricciones

Para Vox, sin embargo, sus votos particulares van en un sentido totalmente contrario. El concejal de la formación David Flores asegura que el objetivo es que la ordenanza sea "menos lesiva y restrictiva". Añade que desde el partido "nunca" harán una valoración positiva de la Zona de Bajas Emisiones, porque consideran que "no es una herramienta medioambiental sino política, dirigida a desincentivar el uso del vehículo privado mediante sanciones". 

No obstante, como asumen que hay que cumplir la ley nacional, Flores opta por "negociar" con el PP en lugar de echarse a un lado. Añade que la propuesta del gobierno municipal ya es "poco lesiva", pero han solicitado entre otras cuestiones que los 10 minutos de gracia que se concederán a los conductores que entren al área restringida por error se amplíen a 15. También que el horario en el que estará en vigor la prohibición de entrada de los vehículos contaminantes a esta zona se reduzca una hora y empiece a las 8.00 en lugar de a las 7.00. 

Por parte de ZEC, sin embargo, han llegado a presentar hasta 106 votos particulares con el objetivo, igual que los socialistas, de agilizar los plazos. De hecho, piden que la extensión a la zona más amplia llegue en 2027. Además, desde la formación quieren aumentar las restricciones en los entornos de centros educativos, hospitales o residencias para la tercera edad por ser especialmente vulnerables ante la contaminación atmosférica y acústica. 

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