Protestas por el proceso de inmatriculaciones iniciado por el Ayuntamiento de Monterde

El proceso iniciado por el Ayuntamiento de Monterde para inmatricularse alrededor de 200 fincas que abarcan 2.500 hectáreas, entre bodegas, almacenes, eras, pajares y hasta viviendas particulares habitadas en la actualidad por todo su término municipal e incluida la pedanía de Llumes, sigue manteniendo dos posturas enconadas. Por un lado, la que representa la Asociación de Perjudicados por el Alcalde, que tacha el proceso de "atropello sin precedentes" y "canallada" al sostener que esas posesiones cuentan con los títulos de propiedad en regla de sus dueños particulares. Desde el consistorio, el regidor, José Gracia (PP), insiste en que "no se le va a quitar nada a nadie si es suyo", pero subraya que "se tiene que justificar de manera legal".

Durante la mañana de este sábado, cerca de 100 manifestantes convocados por la Asociación se han concentrado en el inicio del paseo Cortes de Aragón de Calatayud, para visibilizar su malestar y el desacuerdo. Se trata de la cuarta protesta que llevan a cabo, tras realizar actos similares frente a las sedes de la Diputación Provincial de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y del propio consistorio. En la más reciente, personas de todas las edades portaban carteles y pancartas reivindicando lemas como "no somos monte, somos Monterde" y "Okupador tirano" y se enfundaban camisetas en las que se leía "¿Un alcalde ejemplar o un ejemplar de alcalde?".

"No es una medida de interés general, porque ni ha pasado por pleno ni se ha comunicado a los afectados. Ni el resto de los concejales de su propio partido lo sabían hasta hace poco más de un mes", señalaba Arturo Pardos, uno de los portavoces de la organización convocante. Lo señalaba mientras de fondo se oían proclamas como "Esta sí, esta no. Esta casa no me vota me la quedo yo". "No hay un criterio común para todos, lo utiliza a su conveniencia", señalaba Jesús Solanas, que ha pasado por seis juicios contra el consistorio por distintos motivos.

Según sostiene Pardos, hay una alternativa para solventar la situación: que el Ayuntamiento dé marcha atrás. "Si rectifica, nos disolvemos", plantea. Lejos de ir por ese camino, Gracia advierte que ha hecho "lo que tenía que hacer" porque esas parcelas "aparecen en el inventario municipal desde siempre" y remarca que "el Ayuntamiento no va a reblar". En la misma línea, el primer edil defiende que este proceso es para "defender lo público, lo que es de todos y no de unos pocos", que los afectados tienen la puerta abierta para "hablar de uno en uno de cada caso particular" y hacía hincapié en que los participantes acudan a los juzgados.

Sin embargo, Miguel Ángel Lavilla, uno de los manifestantes, tachaba de falacia la invitación y señalaba que "no todo el mundo puede permitirse ir a la vía judicial". "Puede suponer un gasto de 20.000 euros y hay algunas propiedades que no valen eso. En mi caso voy a ir hasta el final, porque es la casa de mis padres, donde he nacido y que tenemos con escrituras en el registro", remarcaba Lavilla, que aduce que el regidor ha aprovechado un vacío legal originado en un intento de hace más de 10 años para declarar parte de los terrenos como monte público.

Sobre los costes, Pardos incidía que "el Ayuntamiento ha contratado un ingeniero, un abogado y tiene una asesoría que le habrán costado más de 100.000 euros". "Es un vaciado de caja", insistía, a la vez que señalaba que "la inscripción de los terrenos es en calidad de bienes patrimoniales y no demaniales, por lo que luego se podrían vender". Asimismo, carga contra la argumentación del inventario, calificándolo de "inventado", e insistía en que les dan "largas", a ellos y al concejal de la oposición, cuando piden el listado o "el expediente para iniciarlo todo".

Otra de las participantes, Maricarmen Aragón reconocía que ella se enteró de la situación "una vez que se destapó por la asociación" y señalaba que en el caso de sus padres cuentan también con los títulos de propiedad pertinentes. En las octavillas repartidas entre el público por la entidad convocante, se señala que tanto el Catastro como Montes, que pertenece a la DGA, "reconocen que la titularidad catastral es privada" y que es la administración local la que "no da veracidad, bloqueando que los vecinos puedan tener todo arreglado y evitar juicios".

El BOE del 4 de abril de 2023 recogía un anuncio de notificación, con fecha de 30 de marzo del mismo año, del Registro de la Propiedad de Ateca, dando constancia de las inmatriculaciones. Según consta en el documento, la inscripción "se ha practicado en virtud de certificación administrativa", expedida por la propia secretaria del consistorio. Dicho aviso no fue advertido en un primer momento y los afectados no tuvieron constancia de los movimientos hasta un tiempo después de manera fortuita, cuando los herederos de una vecina descubrieron que su casa estaba a nombre del Ayuntamiento.

En la concentración, autorizada por la Delegación del Gobierno y prolongada durante más de dos horas, también han participado algunos representantes políticos, como la concejal en el Ayuntamiento de Calatayud Sandra Marín y el diputado provincial José Carlos Tirado, ambos del PSOE, y representantes de CHA, como Miguel Ángel Bastanta y Ángel Luis Serrano.