La perito judicial y los técnicos de la Policía Nacional ratifican sus informes en el juicio por administración fraudulenta de unos promotores de Arcosur

El juicio por una supuesta negligente administración que habrían llevado a cabo los responsables de la promoción de un bloque de pisos en el zaragozano barrio de Arcosur vivió esta jueves una segunda y última sesión que, al igual que la primera, también fue especialmente larga. Después de que el miércoles hubiesen comparecido ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial los dos acusados, José Luis S. G. y Dolores V. V., socios y administradores de Salas y Vecín Inmuebles, además de varios testigos, en esta ocasión fue el turno de los expertos encargados de diseccionar las cuentas de la Comunidad de Bienes Arcosur 15. Tanto la perito judicial como los responsables del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ratificaron las conclusiones ya presentadas con anterioridad que hablan de sobrecostes en la obra y de desviaciones de pagos.

Diferente fue la postura del perito propuesto por la defensa. Aunque admitió algunas cantidades indebidamente pagadas por los comuneros en relación a intereses de demora, expuso que no habían existido esos sobrecostes, situación que ya había manifestado el día anterior en su declaración José Luis S. G.  “La obra costó 600.000 euros menos de lo presupuestado”, aseguró en contraposición a los 2.247.953 euros de exceso tasados por el perito judicial.

Te puede interesar

Un denunciado por dos violaciones en Zaragoza, acusado también de quebrantar una orden de alejamiento

Un coche mal aparcado desata una violenta pelea con heridos entre dos familias vecinas en Zaragoza

El bloque de 220 viviendas objeto de disputa se sitúa entre las calles Invasores del Espacio, Dolmen de Tella y Paseo de los Arqueros. Salas y Vecín Inmuebles publicitó y promovió su construcción en 2008 y tras la constitución de la Comunidad de Bienes Arcosur 15, en la que quedaron englobados los futuros vecinos. Estos le otorgaron a la empresa los poderes necesarios para que gestionara el proceso constructivo de los pisos, entre los que hay libres y de protección oficial.

Los domicilios se entregaron a finales de 2012 y en febrero de 2013 se firmó la escritura con la que quedó disuelta la comunidad de bienes. Fue a partir de entonces cuando les llegaron a los vecinos las reclamaciones de deudas que en principio se creían satisfechas. Entre otros, la junta de compensación exigió 563.857 euros por los costes de urbanización y Banco Popular reclamó dos pagarés entregados a la constructora Megaria por valor de 683.421 euros. En total, el perjuicio que estima la Fiscalía y la acusación se sitúa en 3,4 millones de euros e incluye también desviaciones de dinero para otros fines como honorarios y gastos injustificados.

“Pensábamos que todo estaba pagado, en el banco había dinero suficiente”, afirmaron el jueves en sus declaraciones los acusados. Éstos responsabilizaron a la entidad bancaria encargada de la financiación de la obra de no haber satisfecho las diferentes obligaciones. Al respecto, la defensa de los acusados entiende que de los 30 millones de euros en créditos con los que se contó, a la conclusión de la edificación se habían gastado 28.

Las acusaciones cambiaron este jueves sus calificaciones para adecuarlas a la legislación previa a la reforma de 2015. Así, el Ministerio Fiscal, que inicialmente consideraba los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal, finalmente imputa a José Luis S. G. y Dolores V. V. un delito societario de administración fraudulenta. También lo hacen las acusaciones particulares, a cargo de los abogados Alfredo Gil López y Mariano Tafalla, que piden una pena de seis años de cárcel. Tafalla, además, incluye un delito por apropiación indebida por el que solicita otros cuatro años de privación de libertad. Durante el proceso, la defensa de los acusados la han asumido los letrados José Luis Calonge y Juan Carlos Monclús.