Tenso consejo de alcaldes de barrios rurales: piden que las obras del acuerdo con la DPZ sean de entidad y no "parcheos"
Los del PSOE y ZEC quieren saber antes el dinero que les corresponde del convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con la Diputación para afinar más sus peticiones.
El convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Zaragoza es la mayor inyección económica para equipamientos que reciben los barrios rurales. "No es un regalo", dice la concejala de Participación Ciudadana, Paloma Espinosa. Se deriva, de hecho, de los impuestos que pagan los vecinos de la capital y del coste de los servicios que se ofrecen a la provincia desde el Consistorio. Pabellones, centros cívicos, caminos y acequias se pagan con cargo a este acuerdo. Los alcaldes de los barrios rurales lo tienen claro, y exigen por ello a los responsables municipales que den cuenta del estado de ejecución de las obras y de las cantidades que les van a asignar para poder plantear obras de entidad en lugar de "parcheos".
Faltaron varios alcaldes de barrio al consejo, quizá por la cierta premura con la que fue convocado. Aunque todos son delegados de la alcaldesa, Natalia Chueca, los que acudieron a la cita por el PSOE y por ZEC protagonizaron algún momento tenso con los responsables de Participación Ciudadana. Mamen López, alcaldesa de Peñaflor, criticó los 700.000 euros que se tendrán que devolver del convenio 2017-2021 al no haber terminado los trabajos en plazo. Y denunció que la planificación del que está ahora en vigor es "desastrosa". "En ocho meses hemos tenido que decir las actuaciones, y con esos plazos solo se pueden pedir obras menores", reprochó.
Más optimista fue la visión de Paloma Espinosa, que aseguró que el Ayuntamiento va a ejecutar "todas las obras". Dos de ellas, pasan directamente al nuevo convenio, la construcción del pabellón de Monzalbarba, que se disparó de precio, y el cubrimiento de la acequia de Juslibol. A esta última obras se refirió el alcalde Javier Ortega, independiente y vecino del Zorongo, que preguntó si además de esta obra se puede incluir, también, el arreglo de la carreteras a la urbanización privada. La concejala le dijo que 'no', por causas económicas. "Con la acequia no hay dinero para nada más", advirtió.
Tenían cuentas pendientes Espinosa y Mariano Blasco, de Garrapinillos, por una 'pelea' que empezó en Facebook y continuó en el consejo. Venía de una información que la concejala decía que no era correcta, y así se lo hizo saber a Blasco, cuando antes de ponerse en contacto con ella posteó en Facebook su queja. El alcalde del barrio rural insistió en que quieren un contacto más directo con los concejales delegados, más allá de la atención que reciben del personal del departamento que se ha creado dentro del área de Régimen Interior y Participación Ciudadana de Alfonso Mendoza.
De vuelta al convenio con la DPZ, Espinosa informó de que es el que mayor grado de ejecución ha registrado. De las 71 obras previstas se acabó ejecutando 125, 54 más. La razón, para algunos alcaldes, estaba clara: es porque la envergadura de las obras, para poder ejecutar los trabajos a tiempo, fue menor. Se trata de una cuestión que varios alcaldes piden que se revierta. También la concejala socialista, Ana Becerril, que quizá por la cercanía ideológica con la DPZ, avisó de que en los próximos convenios se volverá a la "esencia" y los fondos no se utilizarán para "parchear".
Mendoza zanjó el debate: "Si el convenio sirve para grandes infraestructuras, llegará un momento en el que no se van a poder hacer más piscinas".
Cambio en la justificación de las subvenciones
En las subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS), las juntas vecinales, las de distritos y las comisiones de fiestas van a cambiar los criterios de justificación de las subvenciones. Tan complejo parece el problema que se ofreció a los alcaldes de barrio rural una charla técnica. Hasta ahora, el Ayuntamiento reformulaba de oficio los proyectos para que se ajustaran a las subvenciones. A partir de ahora, por indicación del área de Intervención, no se hará, y serán las entidades solicitantes las que dispondrán de cinco días para reformularlo de manera que puedan justificar hasta el último euro del importe asignado. Para Mamen López, alcaldesa de Peñaflor, es una "aberración" y recuerda que quienes piden las ayudas "no son economistas" y deberían ponerles las cosas más fáciles.
También la concejala socialista Marta Aparicio pidió explicaciones, porque no suelen ser cantidades elevadas y se debería tender hacia la simplificación. Mendoza insistió, al respecto, en que "los informes del interventor están para cumpliros" y todos los euros que salgan del presupuesto deben tener "controles de legalidad".
El alcalde de Juslibol-El Zorongo lanzó una pregunta al aire, que se quedó sin respuesta: ¿estaría dispuesto el Ayuntamiento a vender las 260 casas-cuevas del barrio a los que viven en ellas? Al de Monzalbarba, Joaquín Tiestos, le explicaron que los toros de fuego son eventos especiales, con una consideración distinta a la suelta de vaquillas. Esperanza Calvano expresó su preocupación por la posibilidad de que se expandan las placas solares en su barrio. El resto de los asistentes, alcaldes de barrio en algunos casos por el PP, nada preguntaron.
Espinosa indicó que está previsto que se resuelva esta semana el contrato de obras que ha dejado colgado el pabellón de San Juan de Mozarrifar. Y recordó a los alcaldes de Garrapinillos, Casetas y Villarrapa que el Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado un proceso con el que busca reparar el cobro indebido del Impuesto medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR).
