Zaragoza recibirá finalmente los 7,4 millones de ayudas al transporte público que quedaron en el aire por un error
El Ministerio de Transportes acaba de hacer público un proyecto de real decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones.
Zaragoza recibirá finalmente los 7,4 millones de ayudas al transporte público que quedaron en el aire tras el error que derivó en el cese del entonces número dos de Movilidad, Miguel Ángel García Muro.
El Consistorio llevaba semanas esperando el informe de la Abogacía del Estado. La resolución se preveía favorable, pero la confirmación oficial no ha llegado hasta este jueves. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente acaba de hacer público un proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de estas subvenciones a los ayuntamientos de Zaragoza, Burgos, Mollet del Vallès, Arrasate-Mondragón, Oiartzun, Hernani, Zarautz, Algeciras y Puente Genil, y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
En él se dice que todos estos consistorios aplicaron durante 2023 un descuento en el precio de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte colectivo urbano de su competencia de un 50% sobre el precio habitual, sin que hayan sido beneficiarios de ayuda estatal en el segundo semestre.
Antes de recibir el dinero, los ayuntamientos beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. También deberán remitir a la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto una declaración responsable que acredite que el Consistorio no es deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones y está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como un certificado que pruebe la aplicación de los descuentos, impulsados por el Gobierno central para combatir la fuerte subida de la inflación, y la disposición de un Plan de Movilidad Sostenible.
En el caso de Zaragoza, el importe ascenderá a 7.385.365,28 euros, mientras que en otros, como el Ayuntamiento de Burgos, la suma será de 561.383,77, y en el de la Mancomunidad de Pamplona, a 2,4 millones. El Consistorio zaragozano recibirá la cuantía de mayor importe de cuantas aparecen en el Real Decreto, por delante de otras entidades de menor tamaño como Algeciras (167.821,07 euros), Zarautz (10.749,37) o Mollet del Vallès (49.768,81).
De acuerdo con el Ministerio, las subvenciones "se abonarán mediante un pago único a cada beneficiario, una vez sea firme la respectiva resolución de concesión y se acredite por el beneficiario el coste de la actuación subvencionada".
Estas subvenciones, aclaran desde el Gobierno central, son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquiera administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada
"Una buena noticia"
Para la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes se trata de "una buena noticia". "Parece que por fin se va a solucionar un problema que nunca tendría que haber ocurrido y que ha afectado a otras ciudades, no solo a Zaragoza", ha declarado este jueves.
A su juicio, no haberlo arreglado hubiese sido "algo injusto y un grave perjuicio", no solo para el Ayuntamiento de Zaragoza –que sigue adelantando el 100% del descuento que se hace actualmente a la ciudadanía–, sino para el resto de ciudades que se habían visto en la misma situación.
Según la edil, en el Gobierno siempre han estado convencidos de que esos 7,4 millones iban a terminar llegando, pero la espera se ha hecho larga. Sobre todo teniendo en cuenta que "con otros ayuntamientos que anteriormente habían vivido una situación similar, como los de Bilbao, San Fernando o Miranda de Ebro, gobernados por el PSOE", se actuó "de una manera más rápida".
El origen del error
El Real Decreto pone fin a uno de los errores más sonados en los últimos años en la Casa Consistorial. El Ayuntamiento tenía hasta el pasado 31 de julio de 2023 para cursar la solicitud, pero pasado el plazo, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no constaba, lo que encendió todas las alarmas.
En un primer momento, desde la plaza del Pilar apuntaron a un “error informático”, ya que ciudades como Burgos o Pamplona se encontraban en la misma situación, pero días más tarde -y tras conocerse una carta en la que Gaudes, reconocía que se trataba de "un error de coordinación en la asignación de las nuevas competencias tras las elecciones locales" y que la documentación exigida "no se llegó a enviar al Mitma", sino que se mandó "equivocadamente" al Gobierno autonómico-, la propia alcaldesa, Natalia Chueca, admitió que en realidad todo se debía a una concatenación de errores humanos y a un “déficit de control”.
