Un retraso del Estado al transferir 28 millones al Ayuntamiento de Zaragoza dispara a 34 días el pago a proveedores
Aunque sobrepasa los 30 días, no interviene el Ministerio hasta que se eleva por encima de 60 días dos meses consecutivos.
No acostumbra el Ayuntamiento de Zaragoza a dilatar el pago a los proveedores por encima del límite fijado por la ley. Hay que remontarse hasta 2019, cuando 30,48 días fue la media. En el último año y medio se ha contenido y en algún caso, como diciembre de 2023, ni siquiera llegó a los 15 días. Pero un imprevisto en la Tesorería de 28 millones descuadró las cuentas en el mes de abril y el pago medio a los proveedores se disparó a 34,11 días, por encima del límite fijado (30).
Mientras no se superen los 60 días en el pago medio a proveedores durante dos meses consecutivos, ni el Ministerio de Hacienda ni el Interventor pueden tomas medidas al respecto.
Desde la concejalía de Hacienda se atribuye a este hecho "puntual" el retraso. Argumentan que viene motivado por la no recepción de los fondos que debería transferir el Estado al Ayuntamiento de Zaragoza por las subvenciones de bajas emisiones que le fueron asignadas. Suman, en total, 18 millones de euros, que se comprometieron a pagar de forma inicial en enero y lo retrasaron a abril, cuando tampoco pagaron.
Al superar en cuatro días el plazo fijado por la normativa sobre morosidad, se aplica el artículo 13,6 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Consistorio debe incluir el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para poder reducir su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo que fija la normativa.
En este caso, desde Hacienda se comprometen a "adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos y otras medidas de gestión de cobros y pagos que le permitan generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad".
El agujero de 28 millones causado por el retraso al transferir los fondos podría haber sido mayor si no hubieran llegado a tiempo los pagos comprometidos por el Gobierno de Aragón por el fondo local y el de compensación.
Para evitar situaciones como esta, la concejala de Hacienda, Blanca Solans, considera que debería existir un instrumento de control en Europa que "impida que un Estado quiebre la lealtad institucional" y que vele por que "llega a tiempo y en forma". Y es que esos 28 millones, la mayor de ellos correspondientes a la financiación de autobuses eléctricos, tarde o temprano deberán ser transferidos.
