El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha respaldado la actuación del Ayuntamiento de la capital provincial en el desescombro del edificio número 21 de la calle de San Francisco de esta ciudad. Este inmueble se hundió hace poco más de un año dejando sin hogar a las 21 familias que vivían allí y a otras nueve de una finca contigua que quedó en estado ruinoso por efecto del derrumbe.

La orden de ejecución de retirada de los cascotes que adoptó el Ayuntamiento por vía de urgencia fue impugnada por los propietarios del edificio siniestrado al considerar que las obras se llevaban a cabo sin proyecto ni expediente de contratación y con un coste imposible de asumir por ellos –1,6 millones de euros– si finalmente la responsabilidad del derrumbe recayera sobre sus espaldas.

Sin embargo, según ha transmitido este miércoles el Ayuntamiento de Teruel a través de un comunicado, la sentencia del juzgado desestima el recurso presentado por la comunidad de propietarios y afirma que el procedimiento de contratación de los trabajos "fue el correcto, dada la situación de urgencia", y ello tanto por motivos de seguridad como para determinar las causas del siniestro.

Respecto a la propuesta de los vecinos de ejecutar el desescombro con otros medios de actuación de menor coste, el fallo judicial estima que no existió un ofrecimiento de realizar la obra ni por cuenta de la comunidad de propietarios ni a través de sus aseguradoras, es decir, que no hubo una alternativa real a la realizada por el Ayuntamiento, que adelantó el dinero para retirar la montaña de cascotes. El juzgado no entra a valorar si el precio fue o no excesivo, si bien entiende que tal cuantía era muy difícil de asumir por los vecinos, a los que no impone las costas del juicio. El recurso ponía también en tela de juicio la construcción de un muro de contención en la zona del derrumbe, pero el juzgado subraya que este elemento era preciso para realizar el desescombro con seguridad.

"Hay que averiguar las causas"

La sentencia supone un jarro de agua fría para los propietarios de las viviendas, pendientes de reunirse con sus abogados para estudiar un posible recurso. Laura Martín, miembro del grupo de trabajo en apoyo a los vecinos, remarca que la sentencia deja claro, no obstante, que cuando se sepa de quién es la responsabilidad del derrumbe podrá repercutirse a él el coste del desescombro. "Por ello, nosotros vamos a poner el foco en averiguar las causas", explica Martín.

Los vecinos confían en "la buena voluntad" del Ayuntamiento para que este no efectúe la liquidación del coste de limpiar el solar hasta saber de quién es la responsabilidad del hundimiento. "Más de un millón y medio de euros es una cantidad astronómica que no podemos aportar después de habernos quedado sin casa", indica Laura Martín.

Uno de los vecinos que perdió su casa, Isidro Navarro, ha señalado que seguirá "luchando hasta el final para sobrevivir". "No nos rendiremos, esto es solo una batalla, hay que mantener la calma", ha dicho.