El Gobierno de Aragón reclamará a la ministra de Hacienda pactar el déficit y exigirá una financiación "justa"
María Jesús Montero se enfrenta a un Consejo de Política Fiscal marcado por la reforma del sistema de reparto de fondos y la condonación de la deuda.
La reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda marcarán este lubnes el tradicional Consejo de Política Fiscal y Financiera de antes del parón veraniego. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se cita con las comunidades para informarles de los objetivos de déficit y de las entregas a cuenta del próximo ejercicio en un clima de alta polarización por la oposición en bloque de los territorios gobernados por el PP y las exigencias de Cataluña de salirse del sistema común en plena negociación para la investidura de Illa. En este escenario, Aragón reclamará que los límites presupuestarios sean «pactados y no impuestos» y establecer un reparto de fondos «justo».
Como suele ocurrir en el mes de julio, el Gobierno central establecerá el límite de déficit de las diferentes administraciones públicas para el próximo ejercicio. El año pasado, Hacienda lo fijó en el 2,7% para el Estado, el 0,1% para las comunidades y el 0,2% para los ayuntamientos. Sin embargo, el PP tumbó el proyecto presupuestario en el Senado, donde cuenta con mayoría, y la ministra redujo a cero el margen de gasto de las autonomías -unos 40 millones de euros en el caso de Aragón- y las entidades locales.
Es solo una muestra de la falta de entendimiento entre PP y PSOE de cara al encuentro de este lunes, al que acudirá el consejero de Hacienda de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro. Desde el Ejecutivo autonómico defenderán que el déficit «sea acordado» ya que «en democracia no es saludable imponer, hay que negociar».
Además, Montero informará de las entregas a cuenta de 2025, que de nuevo se prevén expansivas. En el actual ejercicio, Hacienda fijó para Aragón 4.566 millones de euros, un 6,8% más que en 2023 y cifra récord. Sin embargo, la prórroga presupuestaria ha retrasado su pago, lo que ha causado importantes tensiones de tesorería en el Pignatelli, al recibir unos 40 millones de euros menos al mes de los previstos.
Choque de bloques
Al margen de estos dos asuntos del orden del día, marcados por el Gobierno central, las comunidades gobernadas por el PP han incluido un punto para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El debate, que lleva pendiente desde hace una década, resucita ahora por la exigencia de ERC de que Cataluña cuente con un cupo propio que le permita salirse del régimen común a cambio de la investidura de Salvador Illa.
De hecho, Cataluña volverá a participar en el Consejo tras cuatro años de ausencia. Enfrente se encontrará al PP, que ha diseñado desde Génova una postura común en la que, eso sí, cada territorio pueda defender sus intereses. En el caso de Aragón, la DGA trasladará la necesidad de primar los criterios de despoblación, dispersión y envejecimiento, que suponen un esfuerzo extra a la hora de prestar los servicios públicos básicos.
Pero sobre todo se exigirá un reparto «justo» en el que, si bien se tengan en cuenta las singularidades de cada uno, no se contemplen desigualdades bajo las «amenazas» de los independentistas. Las posibilidades de acuerdo, no obstante, son casi nulas, al menos mientras el PSOE no ate el futuro de la Generalitat.
Finalmente, los representantes autonómicos reclamarán información sobre la condonación de parte de su deuda prometida por el Gobierno central, primero a Cataluña y luego al conjunto de los territorios. La ministra Montero aseguró hace unos días que la negociación con cada comunidad comenzará en breve.
