Aragón suspende en la gestión de servicios sociales tras el "retroceso" en el gasto destinado
Según el informe elaborado por los gerentes del sector, la Comunidad baja cuatro puestos en el ranquin nacional y se sitúa en duodécima posición.
Aragón suspende en materia de servicios lo que provoca que caiga hasta el duodécimo puesto del ranquin nacional -cuatro menos que el año anterior-, según el informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes del sector, que sostiene que en la Comunidad se está produciendo un "preocupante deterioro". Según los datos analizados hasta 2022 -para entonces todavía gobernaba el cuatripartito liderado por el PSOE-, el mayor problema se situaría en la relevancia económica, cuyos tres indicadores "empeoran".
El gasto por habitante baja de 2021 a 2022 en tres euros. Ahora se sitúa en 476 y, "por primera vez desde el año 2014", este indicador retrocede. También se reduce el porcentaje del presupuesto de la Comunidad que se destina a esta cuestión, pasando de un 9,7% en 2021 a un 9,03% en 2022. Y en solo se destina a servicios sociales el 1,51% del Producto Interior Bruto (PIB), 0,23 puntos porcentuales menos que dos años antes. Todos estos indicadores se encuentran por debajo de la media nacional, lo que evidencia, según destaca Gustavo García, coordinador del Índice DEC, que Aragón es una de las comunidades "menos solidarias con las personas que necesitan estas atenciones".
"Hay una gran responsabilidad del Gobierno de Aragón, pero en este análisis se incluye también a entidades locales como comarcas, ayuntamientos...", incide en relación a la aportación económica, cuyo análisis se hace con presupuestos liquidados. Además, pone el foco en la intensidad "ridícula" de la ayuda a domicilio. De media son 9,6 horas semanales, la mitad que en el conjunto del país y por debajo de las 13 horas de 2019. Y la cobertura fue en 2022 incluso inferior a la de 2019, el año previo al pandemia: un 6,5% de los mayores de 65 años y se eleva al 8,7% si se tiene en cuenta solo a los que han superado los 70 años.
Si se analiza solo la ayuda a domicilio que se ofrece como prestación en el catálogo de la dependencia, es la más baja del país: 18,78 horas al mes. Para los dependientes de grado I (el de menor incapacidad) son 10,1 horas, mientras que sube a 22,7 en el grado II y alcanza las 47,2 en el grado III. "A estos últimos son apenas dos horas diarias de lunes a viernes lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria", subraya el informe.
Con estos datos, García explica que es muy difícil de hablar de "desinstitucionalizar", puesto que habría que "reforzar" mucho más de lo que se hace la atención en el domicilio. "Y las sensaciones que tenemos con el nuevo Ejecutivo no cambian nuestra percepción. Más allá de los datos, no veo en este campo un impulso por parte de la DGA", lamenta, al tiempo que pone en valor que comunidades como Murcia -que es encuentra en última posición en este ranquin- sí que están "preocupados y preguntan para poder mejorar".
La cobertura de los centros de día también es "muy inferior" a la de la media nacional, con 0,36% de las personas mayores de 65 años. "Sigue siendo un servicio muy limitado, casi marginal", reconoce el propio informe que pone en evidencia que la teleasistencia solo alcanza al 7,5% de los mayores de 65 años. De hecho, fue uno de los objetivos marcados en el plan de choque, por lo que en 2023 aumentó hasta 4.487 personas, quedando 21.382 para alcanzar el 100% de cobertura.
"A este ritmo, se necesitarían cuatro años y medio para alcanzar la meta fijada", indica el documento, en el que se recuerda que hasta mayo de 2024 solo se ha alcanzado una cobertura del 30,2%, "pese a que el objetivo era llegar al 100% en diciembre de 2022".
El informe también destaca las reducidas cifras respecto al acogimiento a menores, que suponen el 34,8% del total frente al 50,2% estatal; y las plazas de acogida para mujeres con orden de protección por violencia de género. En Aragón hay 11,8 por cada 100 y en el conjunto nacional son 14,25.
Aspectos positivos
Pese al panorama desolador que plantea este informe, existen algunos puntos en los que la Comunidad sobresale. En relación al reconocimiento de los derechos y la ordenación alcanza la excelencia, aunque con matices; puesto que todavía no se tiene implantada la historia social única ni se cuenta con una estrategia de investigación, con partidas específicas en el presupuesto.
También destaca por encima de la media nacional la cobertura del servicio de ayuda a domicilio para mayores de 70 años, con un 8,7% frente al 7,6%. No obstante, la intensidad sigue siendo "muy baja", con 8,6 horas de media en lugar de las 20,2 del conjunto del país. Pro su parte, se destaca en la financiación de plazas de residencias para mayores de 70 años (la cobertura es del 5%), la percepción de rentas mínimas de inserción (el 12,8%) y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (85,2 para cada 100.000 habitantes).
Fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia han señalado que este informe evidencia el "deterioro" que habían sufrido los servicios sociales en Aragón por parte del anterior Ejecutivo, "que llegó a recortar 30 millones de euros en prestaciones y servicios que sustituyó por ladrillo". Ante esta situación, han asegurado que se está trabajando para que "con las decisiones de gestión y la modernización de los servicios sociales" se puedan impulsar cambios de calidad que se verán al final de legislatura.
En este sentido, han señalado que en Aragón se ha superado la barrera de las 53.000 prestaciones –tanto económicas como en servicio–. Además, se ha contratado a dos equipos más de valoración de la dependencia y otros tres para discapacidad. De hecho, este mes de julio se incorporarán dos nuevos equipos de valoradores.
