Aragón reconoce la figura del cuidador profesional de personas dependientes
La medida supondrá un incremento medio de la ayuda económica que reciben los no profesionales de un 147%. La orden que lo regula se encuentra en exposición al público.
El Gobierno aragonés va a reconocer la figura del cuidador profesional de personas dependientes que supondrá un incremento de una media del 147% de la prestación económica que actualmente se percibe por cuidados en el entorno familiar cuando exista un contrato laboral formalizado. La orden que regula esta posibilidad se encuentra en exposición al público. En muchas ocasiones los cuidados de personas mayores y dependientes pasan por una empleada de hogar, alguien ajeno al seno del hogar, y hasta ahora no se regulaba una ayuda monetaria específica para colaborar en este gasto.
En estos momentos hay 20.488 personas en la Comunidad que perciben esta prestación por atender a la persona dependiente en el domicilio, según los datos correspondientes a finales de abril publicados por el Imserso. De ellas, 4.546 asisten en el domicilio a enfermos que tiene reconocido un grado III (gran dependiente, el máximo), 7.525 con el grado II (dependencia severa) y 8.417 con el grado I (dependencia moderada). La cuantía media general que reciben actualmente es de 220 euros, una cantidad que varía en función del grado y la capacidad económica del beneficiario.
El Ejecutivo autonómico no da una fecha para su puesta en marcha, ya que la orden se pueden presentar alegaciones y está pendiente también de los informes de Hacienda, Administración Pública y el Consejo Consultivo. Con esta iniciativa se espera que los usuarios dependientes puedan prolongar la estancia en su hogar al ser atendidos por profesionales acreditados y que, al mismo tiempo, se consolide y genere nuevo empleo y aflore parte del trabajo irregular que existe en este tipo de actividad.
La DGA estima un coste de 19,6 millones al año
La implantación del cuidador profesional traerá consigo, explican desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, un aumento del importe actual. Cuando se hizo la memoria económica la media general se situaba en 205,34 euros y en caso de destinar esta prestación a contratar a un profesional a jornada completa (80 o más horas mensuales) se eleva a 508,60 euros, de acuerdo con los datos facilitados desde el Ejecutivo autonómico. Para las personas con calificación de gran dependiente pasaría la media de 332,94 euros a 665,60, para los dependientes moderados de 207,50 a 660,65 y para los dependientes moderados, de 131,58 a 280,31. También se contempla la posibilidad de un empleo a media jornada, con entre 20 y 80 horas mensuales.
No hay datos sobre cuántos de los aragoneses que actualmente perciben la prestación como cuidadores no profesionales serían susceptibles de acogerse a esta medida. En base a un estudio llevado a cabo en Navarra se estima que un 20% podrían contar con un contrato laboral a tiempo completo y un 10% a tiempo parcial.
En la memoria económica, el Ejecutivo autonómico calcula que la implantación de esta medida durante 2025 podría costar a las arcas autonómicas 19,6 millones de euros. También destaca que se producirá una mejora en la financiación que la Comunidad recibe del Gobierno central, ya que la nueva figura del cuidador profesional tendrá la consideración de servicio y no de prestación económica.
La DGA también flexibiliza el requisito de parentesco para recibir la ayuda de cuidados en el entorno familiar. Así, por ejemplo, se abre con carácter general a que sea una persona del entorno relacional. También se suprime la condición de que estos cuidados se estuviesen ejerciendo desde hacía un año.
Ampliación de servicios a los centros privados
No es esta la única novedad que deparará el sistema de la dependencia en los próximo meses. El servicio de promoción de la autonomía personal, que se viene prestando únicamente por algunos hogares de mayores de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y de prevención de la dependencia van a poder ser prestados también por centros de servicios sociales especializados de carácter privado, ya sea de iniciativa mercantil o social.
Para ello, el Departamento de Bienestar Social regula en una orden, que también se encuentra en exposición al público, los requisitos que tendrán que cumplir, además de suscribir un acuerdo con el IASS para facilitar un seguimiento que implicará la utilización de las plataformas informáticas y la sujeción a las auditorías y sistemas de control que se determinen.
La ampliación de este servicio de prevención y promoción de la autonomía personal, dando entrada a centros privados, era ya un compromiso del anterior gobierno del socialista Javier Lambán y desde la oposición el PSOE ha venido reclamando en los últimos meses su impulso al actual gobierno del PP-Vox. Dos asignaturas que siguen pendientes en cuanto a la dependencia es el incremento de las horas de ayuda a domicilio y la regulación de la figura del asistente personal.
