Los administradores de fincas de Aragón: "El veto a los pisos turísticos no soluciona el problema del alquiler"

El Gobierno central quiere atajar el problema de la proliferación de viviendas turísticas de raíz. Por eso, anunció recientemente que se volverá a redactar la Ley de Propiedad Horizontal para dar una mayor fortaleza a los vecinos, y que puedan decidir si quieren que en su edificio se instalen este tipo de inmuebles vacacionales. Los administradores de fincas de Aragón piden "que se aclaren muy bien" todos los términos que envuelve esta norma, mientras que otros opinan que esta medida "no solucionará el problema del alquiler".

El anuncio ha sido escueto y poco concreto, aunque es una declaración de intenciones. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó el miércoles que se impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para "ajustar y clarificar" los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.

Cabe recordar que, hasta el momento, las comunidades de propietarios tan solo podían limitar o condicionar los pisos turísticos que ya tuvieran licencia, con el acuerdo de tres quintas partes de todos los vecinos. Existe la posibilidad, no obstante, de restringir por completo estos inmuebles vacacionales si en los estatutos de la comunidad figura que se pueden prohibir las viviendas destinadas a actividades económicas, tal y como han ratificado algunas sentencias en territorio nacional.

"Ahora mismo, el criterio del Supremo es que para prohibir el alquiler turístico es necesario un acuerdo por unanimidad, o que en los estatutos se contemple la prohibición de realizar actividades económicas en los pisos. La ministra no ha dicho exactamente cómo se redactará la nueva norma, pero podemos intuir que con esos 3/5 que se necesitan para condicionar ahora se pueda prohibir", explica Antonio Calvo, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. También recuerda que, a nivel municipal, los Ayuntamientos pueden introducir cambios para limitarlos.

De hecho, es algo que ya sucede en Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza, ante la proliferación de los apartamentos turísticos, estudia ya varias fórmulas, "desde las más flexibles hasta las más restrictivas", para limitarlos. Fuentes municipales explican que "no está finalizado el trabajo de los técnicos municipales, por lo que tampoco hay decisión política al respecto tomada", aunque la intención en un inicio es endurecer las condiciones para que no sea tan fácil obtener una licencia.

Aragón cuenta con 4.594 viviendas de uso turístico. Más de la mitad están en la provincia de Huesca (2.564)

Desde el Consistorio defienden que no existe ningún barrio ni distrito tensionado por las VUT. El que más tiene es el Casco Histórico, por razones obvias. Aunque en la capital aragonesa hay solo 934 VUT (en Madrid o Barcelona hay 13.000), en la provincia se han disparado un 46% en solo dos años, tal y como contó HERALDO hace un mes, lo que ha llevado a los técnicos municipales a intentar prevenir el problema antes de que aparezca.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de abril de 2024, Aragón cuenta con 4.594 viviendas de uso turístico. Más de la mitad están en la provincia de Huesca (2.564), mientras que en Teruel hay tan solo 777.

Restricciones en Aínsa y Canfranc

Otros municipios aragoneses, especialmente los más cercanos al Pirineo, han tenido peor suerte. Aínsa y Canfranc fueron las primeras en introducir cambios para regular las licencias de viviendas de uso turístico. En el caso del primero, se introdujeron cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar a un 10% el número de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Canfranc, por su parte, estableció un mapa para delimitar por zonas el número de licencias que se otorgaban.

Para Antonio Calvo, esta medida del Gobierno, a falta de concretarse, "no va a solucionar el problema del alquiler tradicional". "En mi opinión, debe primar la propiedad privada y cada uno, con sus bienes, debería de ser libre de poder dedicarlos a lo que quiera. Además, si a una persona le prohíbes un piso turístico, siempre puede darle la vuelta y alquilarlo por habitaciones, por ejemplo", añade. De hecho, los expertos del sector inmobiliario explican que muchos propietarios sacan del mercado de arrendamiento tradicional sus pisos para lanzarlos al vacacional, gracias a la rentabilidad que se obtiene.

Pedro Marco, también miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, pide que la nueva redacción de la LPH "deje claro si se pueden prohibir" los pisos turísticos. "Es un tema que se debe aclarar muy bien, porque por ahora solo se pueden limitar o restringir. Lleva a mucha confusión para las comunidades de propietarios", asegura. Además, reclama que también se clarifique si este tipo de inmuebles se pueden considerar "actividad económica".

Del mismo modo, cree que una buena medida para hacer frente al auge de los pisos turísticos es el control. "Lo único que se pide hoy en día es una declaración responsable. Una idea sería, antes de entregar la licencia, solicitarle a la persona interesada un certificado firmado por la comunidad de propietarios o el administrador para que le avale implantar la vivienda turística", comenta Marco. Ve con buenos ojos la nueva medida, pero solicita que el Gobierno "deje muy claro si podemos prohibir".

La DGA critica la falta de comunicación

Por su parte, el Gobierno de Aragón critica que "no ha habido una comunicación fluida entre las comunidades autónomas", por lo que "ahora se ven abocados a una solución rápida sin contar con ellas". "Pensamos que el Estado ha tenido una inadecuada política estatal en materia turística y de vivienda. No han convocado la conferencia sectorial solicitada hace meses y ha hecho dejación de sus competencias", añaden desde la Dirección General de Turismo.

Además, añaden que "una defectuosa redacción de la LPH sobre la mayoría o unanimidad para condicionar o limitar las VUT en una comunidad de propietarios, genera inseguridad jurídica y planteamientos de casación de recursos en el Tribunal Supremo". "Ha habido una regulación proteccionista de la normativa, y la Ley de Arrendamientos Urbanos conduce a que los propietarios conduzcan sus pisos del alquiler tradicional al vacacional", aseguran estas mismas fuentes, quienes reprueban al Ejecutivo nacional de "falta de funcionamiento y transparencia" del grupo de trabajo de la disposición 5/2003 del 14 de mayo.

Conforme a los criterios de

¿Por qué confiar en nosotros?