Harto de esperar una postura clara del PP para fijar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados (menas) por el conjunto del país, el Gobierno central ha pasado al ataque. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado este miércoles al conjunto de las comunidades, la mayoría en manos de los conservadores, de negar la acogida del cupo de niños y jóvenes al que se habían comprometido, incluso pese a haber recibido ya la financiación estatal vinculada.

En concreto, Rego ha denunciado que solo se han distribuido el 15% de los 371 menores que se acordaron el año pasado entre el Gobierno y las comunidades en conferencia sectorial. Incluso ha lamentado que del cupo de 2022 aún quedan pendientes el 28% de los niños y jóvenes. La ministra ha apuntado que dichas autonomías ya han recibido el dinero que el Estado ofrece para cubrir los costes de atención de los menores, lo que le ha servido de argumento para justificar la reforma normativa que permita establecer un mecanismo de reparto “solidario” pero “obligatorio”.

En el caso de Aragón, el reparto comprometido en 2023 establecía la acogida de 24 menores con una financiación estatal de 1,3 millones de euros. Desde la DGA informan de que ya han recibido a 16 de ellos, mientras que los 8 restantes lo hará "próximamente". Y aclaran que, si no lo han hecho ya no es por falta de disposición en el Pignatelli, sino por lo problemas de Canarias para dar salida a tal cantidad de jóvenes y niños.

En cualquier caso, desde el departamento de Bienestar Social y Familia trasladan su malestar por las declaraciones de la ministra. "No es la mejor manera de afrontar una negociación en la que debe haber lealtad", señalan.

En este sentido, Aragón fue una de las primeras comunidades en acceder a la llegada de los menas que se negociaron en la sectorial de 2023. La DGA firmó a finales de enero de este año el convenio para hacer efectiva la acogida, lo que desató una tormenta política entre los socios de gobierno, PP y Vox. La formación de extrema derecha se opuso tajantemente a la llegada de “inmigración ilegal” a la Comunidad y forzó la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de investidura, una reunión que se cerró en falso.

Ante la propuesta de un mecanismo de reparto obligatorio de menas, Vox mantiene su advertencia, y no descarta incluso romper sus alianzas con el PP en las cinco comunidades en las que gobiernan en coalición. Mientras, los populares no se cierran al pacto con los socialistas, aunque exigen una financiación concreta y suficiente y reforzar las políticas de control migratorio. Todo se resolverá en la sectorial del día 10 en Tenerife, que presidirá la propia Rego junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que hay escasas esperanzas de acuerdo.

Para Rego, la llegada de menas a las costas españolas es un problema “estructural y dinámico” por lo que “hay que preverlo con tiempo y de ahí este la voluntad de hacer esta reforma” de la ley de extranjería. Por ello, la ministra pide al PP un apoyo “claro” y “solidario” a la propuesta, en lugar de “secundar la agenda ultra de Vox, que trata de minimizar el papel de los derechos humanos y de la infancia”.

La ministra de Juventud e Infancia, en cambio, no se ha querido posicionar sobre el veto planteado por Junts, que exige la transferencia de las competencias migratorias y que Cataluña quede fuera del reparto obligatorio de menas. Tampoco lo ha aclarado su compañera de Gobierno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha eludido hasta en tres ocasiones esta cuestión en una entrevista en Antena 3.

“Cualquier ley que entra en el Congreso está sometida a votación y los grupos deberán pronunciarse y presentar sus enmiendas, pero en esta cuestión lo importante es la postura del principal partido de la oposición”, se ha limitado a comentar sobre las exigencias de los independentistas.

“Exijo que el PP esté a la altura del desafío, es una cuestión de Estado”, ha subrayado. La ministra cree que el líder del populares, Alberto Núñez Feijóo, “titubea” con este asunto y peca de “falta de liderazgo”.