Reforma de la ley de extranjería: así quiere el Gobierno repartir a los menores migrantes

El próximo 10 de julio, el Gobierno central llevará a la conferencia sectorial que se celebrará en Tenerife una propuesta de reforma de la ley de extranjería que permitirá el reparto automático y obligatorio de los menores migrantes no acompañados (menas) procedente de territorios saturados. La medida ha sido consensuada con Canarias, cuyos servicios de acogida se encuentran actualmente desbordados, pero cuenta con el rechazo de Vox y de Junts. La postura del PP será por tanto determinante. Estas son las claves del proyecto.

1. Urgencia

La reforma trata de dar respuesta a una emergencia migratoria, por lo que el Gobierno central y el canario plantean un modificación urgente. De momento, no se ha definido si se hará por decreto ley o mediante una proposición de ley en la que se acorten los plazos parlamentarios todo lo posible. Ambas partes confían en que en septiembre, como tarde, se pueda empezar a aplicar el reparto obligado de menores migrantes.

La iniciativa es parte de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, en este caso con Coalición Canaria, después de que, según el Gobierno, hayan “fracasado” los sistemas de reparto actuales, basados en la voluntariedad.

2. Regla del 150%

El objetivo de la reforma es desatascar los servicios de las comunidades más saturadas. En concreto, se establece el reparto obligatorio de menas en aquellos territorios cuya capacidad de acogida se vea excedida en un 150%. De esta forma, en la actualidad se activaría la ley en Canarias, Ceuta y Melilla.

Por ejemplo, se establece que Canarias tiene capacidad para acoger a 2.000 menores, por lo que su límite del 150% se fijaría en 3.000. Los 3.000 restantes serían objeto de redistribución entre el resto de comunidades.

3. Criterios de reparto

El reparto de menas será obligatorio y se ejecutará en el plazo de 15 días desde que se detecte una saturación del 150%. En el caso de Canarias, dada su grave situación, se prevé normalizar el número de menores acogidos en un año.

En cuanto a los criterios de reparto, aunque todavía por definir, se atenderán a los ya acordados en 2022 en una conferencia sectorial en la que se establecieron indicadores como el PIB o la población de la comunidad receptora.

4. Garantías para el menor

El borrador establece mayores garantías para el mena, incluso en aquellos casos en los que haya dudas sobre su edad real. Si la reforma sale adelante, no habrá que esperar al resultado de las pruebas que determinan cuántos años tiene, sino que en el plazo de 24 ya deberá ser registrado como menor.

5. Conflicto político

Más allá de la atención humanitaria urgente, la reforma de la ley de extranjería se ha convertido en una cuestión política que dificulta el acuerdo. El Gobierno no tiene garantizado el aval del Congreso puesto que Junts, uno de sus socios de investidura, lo rechaza. Los independentistas reclaman la transferencia de la competencia de inmigración y quedar al margen de la obligatoriedad de acoger menas.

Así, el apoyo del PP será clave. Los conservadores están “abiertos al diálogo” y garantizan la “solidaridad” de los territorios donde gobiernan, la inmensa mayoría. Pero ponen condiciones. Por un lado, garantizar una financiación estatal suficiente para cubrir los costes de acogida. Por el otro, reforzar las políticas de control de la inmigración.

Los populares, no obstante, se ven presionados por sus socios de gobierno en cinco comunidades, entre ellas Aragón. Vox se niega a la acogida de “inmigración ilegal” y amenazan con romper su alianza.

6. Financiación suficiente

Es la exigencia básica del PP. Los conservadores demandan garantías de que contarán con fondos estatales para acoger a los menores migrantes a lo largo del tiempo, y no solo el coste del primer año, como transfería hasta ahora el Gobierno. En este sentido, en el preámbulo de la reforma de la ley se alude a ofrecer las “medidas financieras que fueran necesarias”, mientras que el articulado señala que “se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente”.

7. Reparto paralizado

Mientras los partidos tratan de resolver la ecuación, el reparto de menas sigue paralizado. El último cupo de 400 migrantes que se iba a distribuir entre las comunidades el pasado mes de junio se vio bloqueado por las comunidades del PP, al filtrarse el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Canarias para la reforma legal.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, del primer trimestre de este año, Canarias acogía a 4.663 menas (aunque ahora se calcula que rozan los 6.000). Le seguían, a distancia, Andalucía con 1.790 y Madrid con 1.542. Aragón aloja a 125 mientras que La Rioja, la última, solo a 11.