Tras salir aprobado el recurso de las Cortes de Aragón contra la ley de amnistía por 37 votos frente a 28, el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), y su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), estrecharon sus manos. Era el último pleno del curso parlamentario y los socios del Ejecutivo autonómico lo celebraban con un acuerdo que iba directo a uno de los cimientos sobre los que el bipartito conservador ha construido sus primeros diez meses de gestión en el Pignatelli: el rechazo a la medida de gracia y a cualquier otro trato de favor del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independentistas de Cataluña.

Azcón y Nolasco cerraban filas en un contexto delicado en el devenir de las dos formaciones, que gobiernan otras cuatro comunidades autónomas además de Aragón. El acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había abierto una brecha entre los dos partidos (en ese mismo pleno el diputado voxista Santiago Morón atacó a los populares por "dejarse torcer el brazo" por los socialistas). Pero la crisis migratoria y humanitaria que vive Canarias, con casi 6.000 niños y adolescentes tutelados, y la previsión de que una reforma de la ley de Extranjería fije el reparto obligatorio de menores no acompañados han elevado el listón del enfrentamiento.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, aumentó la presión sobre sus socios en Aragón y trazó una línea roja con la inmigración, catalizador emocional y bandera identitaria del voto de la extrema derecha desde los países nórdicos a Andalucía. Habló de que esta cuestión amenazaba los gobiernos autonómicos si los barones del PP, entre ellos Azcón, no se oponían al reparto de menores migrantes. La serpiente de la inestabilidad recorrió de nuevo (no es la primera vez que Abascal amaga con lo mismo) el mapa autonómico del PP.

Pese al ruido, el Ejecutivo aragonés analiza la maniobra de Abascal con una sensación de calma tensa: aunque en el PP existe cierta preocupación porque este asunto "desvía el foco de lo importante, que es la gestión del Gobierno", no hay una sensación de que el reparto de migrantes tenga capacidad de hacer saltar por los aires la coalición en Aragón a corto o medio plazo. "No hay motivos", dicen los populares.

En Vox se comparte que "la estabilidad interesa a todos, aunque no podemos estar de acuerdo en todo". Pero ante el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que las comunidades que gobiernan atenderán a los menores, el vicepresidente, Alejandro Nolasco, marcó perfil propio el viernes en un tuit: "No tiene mayoría absoluta en Aragón, no es quién para garantizar nada". 

"Gobiernan en Aragón gracias a que hay un pacto con Vox. Un pacto en el que acordamos la lucha contra el tráfico de personas. ️Vox cumple lo firmado; pese al afán del PP en imitar al PSOE", escribió. Mientras, los socialistas instaban a los populares "a apartarse del odio y xenofobia" y a expulsar a Vox de sus gobiernos, como dijo la ministra aragonesa Pilar Alegría.

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El PP aragonés no contempla esa posibilidad. Cree que a la izquierda le interesa poner el foco en las alianzas con Vox en las comunidades autónomas a la hora de abordar esta cuestión migratoria y no en cómo va a aprobar de la ley que debe fijar el reparto de inmigrantes y que se debatirá en una conferencia sectorial prevista en Tenerife como paso previo a la tramitación en el Congreso por la vía de urgencia. 

En el Ejecutivo autonómico sostienen que la clave está en las relaciones del PSOE con sus socios, especialmente con Junts, que rechaza el reparto y con el que no podrá alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo. La diputada catalana Miriam Nogueras ya dejó claro que rechazará el reparto de menores. "Nos plantamos", dijo.

"El Gobierno sigue sin explicar cómo va a resolver el problema principal, que es contar con los votos para aplicar la ley", insisten en el Gobierno de Aragón, que se aferra a un mensaje que también han transmitido en materia de financiación: no puede haber agravios entre comunidades autónomas en el reparto de migrantes.

Como dijo Azcón el viernes en los pasillos de las Cortes, Aragón cumplirá la ley y aceptará "una solidaridad justa", pero la hipótesis de un acuerdo de Feijóo y Sánchez en materia migratoria incomoda en el Pignatelli. Sin mayoría con los socios de investidura, al Gobierno de Sánchez le queda la alternativa de un acuerdo con el PP. ¿Admitirá Feijóo un pacto migratorio que pondría en tensión a sus gobiernos autonómicos?

Mientras el viento migratorio arrecia, el Gobierno PP-Vox esgrime su bagaje de estos meses, con la captación de empresas y la apuesta en tecnología, la política fiscal y presupuestaria, la vivienda y las infraestructuras carreteras, a la espera de que las medidas en gestión sanitaria den frutos y reduzcan las listas de espera y alivien los problemas de la atención primaria. 

Los buenos resultados electorales de las pasadas europeas, con un PSOE inmerso en una compleja etapa de interinidad en Aragón mientras forja un nuevo liderazgo, son la mejor receta para no pensar ahora en una crisis de gobierno. "No estamos en esa página del libro. Nuestra apuesta es la estabilidad", zanjan en el PP.