El Gobierno ofrece al PP garantías de financiación para acoger menores migrantes con el veto de Vox

El Gobierno central llevará a una conferencia sectorial con las comunidades una propuesta concreta para la reforma de la ley de extranjería que fijará los criterios de redistribución de menores extranjeros llegados al país. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comparecido ante la prensa este miércoles tras concluir la ronda de contactos con los grupos políticos en el Congreso, y ha anunciado que planteará una propuesta que integre las diferentes reivindicaciones recibidas para que los representantes autonómicos le den el visto bueno.

El objetivo del Ejecutivo central es validar la reforma legislativa en la Cámara Baja el próximo mes de julio. Antes deberá pasar el filtro de la conferencia sectorial, pero tanto el ministro como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha participado en las negociaciones, se han mostrado optimistas.

La clave será convencer al PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades. Los conservadores no han cerrado la puerta al acuerdo, pero han exigido garantías de financiación por parte del Estado para afrontar los costes derivados de atender a los menores. En este sentido, el ministro ha explicado que su propuesta contempla de forma “específica” este asunto.

En el preámbulo, por ejemplo, se alude a ofrecer las “medidas financieras que fueran necesarias”, mientras que el articulado señala que “se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente”.

De momento, no hay más concreción, y a la espera de la respuesta de los populares, el Gobierno cree que es un punto que no supondrá un obstáculo para el acuerdo. En cualquier caso, no es la única petición que deberá atender el ministro e incluirla, en la medida de lo posible, en el texto que llevará a la sectorial, que se celebrará en Canarias.

Junts, por ejemplo, mantiene su intención de que Cataluña asuma las competencias de inmigración. Hará una propuesta específica, pero Torres ya ha advertido que ahora es necesaria una respuesta “urgente” ante una “emergencia” como la que está viviendo Canarias con la llegada de menores.

El único partido que se negado en rotundo a negociar la modificación legal ha sido Vox, que gobierna en cuatro comunidades autónomas con el PP, entre ellas Aragón. De hecho, el rechazo de la formación de extrema derecha a la llegada de migrantes ya fue motivo de confrontación entre el presidente Jorge Azcón y el vicepresidente Alejandro Nolasco. Este último forzó la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de investidura en la Comunidad, aunque sin mayores consecuencias. Los populares recuerdan que, en el Pignatelli, las competencias de menores y extranjería están en sus manos.

“Es un asunto de gravedad, hablamos de niños y niñas, es un drama humanitario”, ha remarcado el presidente canario, que ha subrayado la importancia de lograr un alto grado de consenso con las comunidades. “Una propuesta legislativa que luego puede ser recurrida o no cumplida haría que el objetivo que buscamos fuera obstaculizado”, ha advertido.

“No hay fumata blanca porque no es el texto definitivo, pero solo Vox ha dicho que no y todos los grupos se han mostrado solidarios, es alentador”, ha concluido.