El PP defiende la financiación singular de Aragón pero pide un pacto entre sus barones

Nuevo episodio en el largo serial de la reforma de la financiación autonómica. Los portavoces nacionales de PSOE y PP han confrontado de nuevo sus modelos, de cara a una negociación pendiente desde hace una década y de difícil solución en el actual clima político. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de mejorar el reparto para las comunidades y en atender sus singularidades. Sin embargo, mientras los socialistas apuntan a un diálogo bilateral con cada territorio, los conservadores rechazan esta fórmula y solo accederán a un acuerdo alcanzado entre todos los presidentes tras debatir “con datos y con rigor”, y no bajo el “chantaje” de Cataluña.

“Apostamos por un sistema igualitario, que esté centrado en los ciudadanos por encima de los territorios, que garantice la multilateralidad, y en el que se tengan en cuenta factores como la dispersión geográfica o el envejecimiento”, ha descrito Borja Sémper desde la sala de prensa del PP. Los conservadores tratan así de dar respuesta a las quejas del PSOE, que reclama al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, una postura clara para negociar, a poder ser en una mesa a dos.

El PP rechaza esa fórmula, y prefiere una negociación entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que, como es habitual, se reunirá el próximo mes de julio. Los conservadores han exigido este lunes conocer la fecha concreta, así como el orden del día, por escrito y “con la suficiente antelación”. “No nos fiamos de las artimañas del Gobierno”, ha transmitido Sémper.

Desde Génova trasladan que se atenderán las singularidades de Aragón, en cuyo Estatuto se prevén condicionantes como la despoblación o la dispersión territorial, así como un convenio económico bilateral con el Estado, el famoso artículo 108 tan reivindicado por los partidos aragonesistas.

No obstante, los conservadores huyen de cualquier planteamiento que se aleje de la multilateralidad -la DGA ni siquiera ha pedido la convocatoria de la comisión bilateral, que no se celebra desde 2018-, y lo fían todo a un acuerdo global. En su escenario ideal, “los presidentes de las comunidades aportan información, y desde su punto de vista, defienden cuál es la financiación que deberían tener, con datos y rigor, objetivando las reclamaciones y necesidades”, ha explicado el portavoz nacional.

Es la propuesta del PP, que no ve similitudes entre las reivindicaciones de “singularidad” de Cataluña con las transmitidas desde el resto de territorios, la mayoría en su poder. “Nosotros no planteamos el debate como parte de un chantaje para investir a Salvador Illa en la Generalitat, sino para mejorar la financiación de todos en igualdad”, subrayan en la sede de Génova.

Mientras, el PSOE insiste en que no va a romper los principios de igualdad en una negociación de la que no dan mayores pistas. Su portavoz nacional, Esther Peña, ha recordado que la reforma del sistema de financiación es una empresa que “ha asumido el Gobierno” y que dejó pendiente el PP incluso durante sus años de mayoría absoluta.

Peña se ha mostrado partidaria de “integrar las singularidades propias de las comunidades, sí, también las de Cataluña”. En este sentido, los independentistas reclaman salir del régimen común y disfrutar de un cupo similar al vasco, pero de momento los socialistas se niegan y apuestan por otras vías de mejora. “Hay territorios que en el legítimo desarrollo de sus estatutos de autonomía han asumido competencias que han ido creciendo con el tiempo y que deben ser atendidas desde la administración central, renovando un sistema de financiación claramente obsoleto”, ha argumentado.

Ferraz no va más allá y elude dar pistas sobre cómo buscarán ese acuerdo, si vía Consejo de Política Fiscal como reclama el PP, o con negociaciones bilaterales previas que allanen el acuerdo final entre todos los territorios. De momento, las miradas siguen puestas en la investidura de Illa y la amenaza de repetición electoral en Cataluña.