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Aragón solicitará el convenio económico bilateral que prevé el Estatuto

La DGA sería la segunda comunidad más perjudicada por la cesión a Cataluña del 100% de sus tributos. Bermúdez de Castro pide el apoyo del resto de partidos.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en su comparecencia parlamentaria de este lunes a petición propia para explicar la oferta de empleo público de 2023.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en una comparecencia parlamentaria.
Cortes de Aragón

"Vamos a defender lo nuestro". Con esta intención abre el Gobierno aragonés el eterno debate de la financiación autonómica, condicionado en esta ocasión por un complejo mapa político en el que Cataluña tiene la voz cantante. Y advierte de que lo va a hacer con todas sus herramientas, incluso con la aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que prevé un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.

Al margen de la merma que podría representar la salida de Cataluña del régimen común en el que están todas las autonomías salvo Navarra y el País Vasco, el consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, se prepara, como la mayoría de las comunidades, para usar todas las herramientas a su disposición para frenar cualquier trato de favor. La primera es la de los tribunales si se llegara a establecer una fórmula de financiación diferenciada para Cataluña que afecte a Aragón.

Pero además está la vía del Estatuto, que prevé un convenio bilateral rubricado en la comisión mixta de Asuntos Económico-Financieros. "La única vez que se habló del artículo 108 fue en la comisión bilateral de 2017. Se aprobó y no se hizo nada más. Cuando se abra el debate, lógicamente saldrá y se pondrá encima de la mesa", dice. Eso implicaría más recursos para Aragón, sostiene, en un contexto en el que todas las comunidades autónomas están haciendo valer las previsiones financieras de sus estatutos para encarar una próxima negociación.

Primeras estimaciones

De momento, la DGA está haciendo números del impacto que podría tener el cupo catalán. Solo del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que se financia al 75% por los impuestos cedidos a las comunidades y al que Cataluña aporta 18.300 millones de euros, podría perder un 22,6%, únicamente por detrás de Cantabria (36,2%) y por encima de la media autonómica (16%). Según datos de 2021, último año liquidado, Aragón aporta a ese fondo 3.138 millones de euros.

Pero además hay que tener en cuenta que los tributos de Cataluña ascienden a 53.000 millones que el Estado dejaría de tener para pagar las pensiones, el subsidio de desempleo o las inversiones en infraestructuras. Y eso acabaría impactando en el resto de comunidades.

Para Bermúdez de Castro, la clave es la unidad de las fuerzas políticas aragonesas. "Debemos ir todas a una", afirma el consejero. Su planteamiento se produce en un contexto dominado por la falta de interlocución con el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, una dificultad que en su opinión tienen "todas las comunidades, incluso las del PSOE".

Un modelo a largo plazo

Por eso considera "urgente" iniciar el debate de la financiación "y encontrar un modelo a largo plazo entre todos, que no caduque en dos años". "Nos preocupa que por mantenerse una semana más Sánchez haga una reforma a la carta de Cataluña", señala. Soluciones como la condonación de la deuda son para él "un parche", dado que la liberación de costes financieros en el presupuesto sería muy baja.

Las pretensiones de Aragón son claras. La primera es rechazar "la ocurrencia" del principio de ordinalidad, que prevé que las comunidades que más aportan reciban también más financiación, lo que alteraría el principio de solidaridad interterritorial. "El principio de ordinalidad no valora el coste efectivo de los servicios. No es lo mismo prestar un servicio en Cádiz o Sabadell, que en un pueblo del Pirineo, de la Ribargorza o del Maestrazgo", sostiene. Por eso, mantener los principios de despoblación, dispersión territorial y envejecimiento, que afectan directamente a ese coste, es clave.

No todas las comunidades del PP tienen esta posición y varias defienden que primen los criterios de población. Pero pese a las discrepancias, Bermúdez de Castro dice que su partido "va a llevar una postura común" que debe anteponer los principios que defiende Aragón.

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