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Condenado a prisión el presidente de la Comarca de Cariñena por acoso laboral

La sentencia lo inhabilita para empleo o cargo público durante los 8 meses de condena y lo obliga a indemnizar a los dos denunciantes, secretario e interventora de la comarca, por los daños morales 

Lucio Cucalón, presidente de la Comarca del Campo de Cariñena.
Lucio Cucalón, presidente de la Comarca del Campo de Cariñena.
Web oficial de la Comarca del Campo de Cariñena

El presidente de la Comarca de Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón (PSOE), Lucio Cucalón, ha sido condenado a ocho meses de prisión como autor de un delito de acoso laboral de los que fueron víctimas Néstor P. P. y Mónica I. F., a los que deberá indemnizar con 2.500 euros a cada uno en concepto de daño moral y el malestar sufridos. Además, le impone la pena accesoria de inhabilitación para empleo o cargo público durante el mismo tiempo de la condena. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 lo absuelve, no obstante, de los delitos de trato degradante e injurias por los que también fue juzgado. 

Junto a él se sentó en el banquillo la administrativa de la entidad comarcal Pilar I. S., la cual ha sido condenada por injurias a una multa de tres meses, a razón de 9 euros diarios, al apreciar que en su caso concurre la atenuante de alteración psíquica que entonces presentaba fruto de problemas laborales que tenía a raíz de una denuncia que había presentado contra ella el expresidente de la entidad José Luis Ansón. El fallo no es firme y puede ser recurrido. 

La jueza, como solicitaba el letrado de los denunciantes, Francisco García Berenguer, considera probado que en 2020, cuando Lucio Cucalón era vicepresidente de la Comarca, requirió a Néstor P. que emitiera “informes de situación” que detectaran supuestas irregularidades de la anterior corporación. “Solicitud que efectuó de forma insistente en múltiples ocasiones con el fin de servirse de los mismos para sus propios y particulares fines políticos”, recoge el fallo judicial. 

Añade que como el empleado público se negó alegando que no entraba dentro de sus funciones de secretario comarcal, Lucio Cucalón, “con la finalidad de forzarle a él y a su pareja -Mónica I. F., entonces interventora- a abandonar sus puestos de trabajo, ya que no atendían sus peticiones”, comenzó a llamarles de forma repetida e insistente a su domicilio exigiéndoles que fueran a trabajar presencialmente a la sede de la comarca durante el estado de alarma derivado de la pandemia. Esta conducta la mantuvo a pesar de que era conocedor de que había una resolución del presidente José Luis Ansón que les autorizaba a trabajar de forma telemática desde casa, “máxime cuando tenían tres hijos menores a su cargo a los que no podían dejar en la escuela ni a cargo de otra persona dada la situación de confinamiento”.

Además, a Mónica I. F. la inculpó de “incuria en el ejercicio de sus funciones como interventora municipal” y la acusó públicamente de no tramitar correctamente las facturas y de un supuesto mal funcionamiento de la Comarca desde que empezó a trabajar como interventora. “En varias ocasiones les dijo a ambos, delante de otras personas de la corporación local, que no sabían trabajar y que les iban a hacer la “vida imposible”, los iba a “inhabilitar” y a “echar de su puesto de trabajo”.

Ante esta situación, que se prolongó al menos entre marzo y septiembre de 2020. Néstor P. P. denunció los hechos ante la Guardia Civil y pidió el amparo y la intervención del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. L

La juez tuvo que expulsar de la sala a la denunciante

Respecto a la secretaria, el fallo judicial declara probado que se dirigió a Mónica I. F., delante de sus compañeros, con frases como: “Lo único que os interesa es cobrar sin trabajar, sois unos ladrones robando a todos los trabajadores a punta de pistola (...), eres una mierda de compañero y un mal trabajador, habéis hecho una mierda de gestión y me voy a encargar de decírselo a todo el mundo, gilipollas, la factura es una falsedad….” Mónica I. le respondió diciéndole “sigue, sigue”, “venga, venga” o “haz algo, haz algo” en tono provocador hasta que otros funcionarios intervinieron para decirles que “pararan”.

La magistrada cuestiona el comportamiento que tuvo Mónica I. durante el juicio y recuerda que declaró con "vehemencia", alzando la voz, desatendiendo sus indicaciones,  desobedeciendo las órdenes que le daba para mantener un orden en la exposición de hechos y excediéndose en las contestaciones a las preguntas que se le formulaban. "Hasta tal punto que esta juzgadora no le permitió seguir en la sala tras su intervención dada la reiterada y contumaz actitud desafiante mantenida durante su declaración", señala en la sentencia  

En el juicio quedó patente, y como tal se recoge en el fallo, las numerosas denuncias cruzadas y juicios pendientes que tienen los protagonistas de estos incidentes, incluido José Luis Ansón, y el encono de unos contra otros, como se ha visto en los distintos procedimientos judiciales y enfrentamientos políticos que han convertido a la Comarca del Campo de Cariñena en un continuo origen de disputas. Esto no ha sido óbice para que la magistrada afirme que, aún así, los testimonios de los denunciantes y testigos son creíbles. 

El PP pide la dimisión y el PSOE abre un expediente

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza, tras conocer la sentencia, ha exigido  la dimisión "inmediata" de todos los cargos públicos y orgánicos de Lucio Cucalón. “Instamos a Sánchez Quero a demostrar con hechos su compromiso con la ética y la legalidad, procediendo de inmediato a exigir la dimisión de Lucio Cucalón”, dijo la portavoz Maricarmen Lázaro, al tiempo que exigían una respuesta rápida  y de "condena absoluta" del PSOE de Zaragoza que garantice que los condenados por delitos graves no sigan ocupando cargos públicos”. "Es una cuestión de responsabilidad y de respeto hacia los ciudadanos y hacia las propias víctimas de estos actos", manifestó en un comunicado. 

Mientras, fuentes socialistas explicaron que abrirán un expediente informativo que podría sustanciarse, como mucho, en una suspensión, ya que el fallo no es firme y la denuncia es de parte. 

 

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