Estafar a una persona con un bien de primera necesidad como es la vivienda es un delito agravado que está castigado con penas de prisión de entre uno y seis años. No es necesario que el valor del engaño sea cuantioso, sino que afecte a la primera vivienda que busca una persona, como mantiene la Fiscalía. En el caso que este martes ha juzgado la Audiencia concurre además que la situación de las dos víctimas era precaria en el momento de los hechos. Ambas residían en habitaciones de pisos compartidos e intentaban por primera vez encontrar un lugar independiente.

Una de ellas es una mujer que aspiraba a alquilar un piso para ella y su hija y, el segundo, un varón que buscaba dejar de compartir espacio. Los dos denunciantes son inmigrantes con trabajos precarios y sueldos escasos. Por esa razón y porque se sintieron engañados no dudaron en denunciar a José Alfredo G. B. y a Javier G. G. cuando se quedaron con los 550 y 600 euros que les entregaron para que les reservaran un piso para alquilar. Ambos acusados, que se enfrentan a penas de tres y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, negaron los hechos y se culparon mutuamente de lo sucedido.

Durante la vista oral quedó claro que Javier G. G. tiene una agencia inmobiliaria en el barrio de Las Delicias a la que los dos afectados llegaron a través de José Alfredo G. B. En esas fechas, este último residía en una pensión de la calle de Duquesa Villahermosa porque pasaba por un mal momento profesional y Javier G. G. le dio empleo como colaborador de su inmobiliaria. Por casualidad, un trabajador de la pensión que estaba buscando piso para alquilar se enteró de su ocupación y le preguntó si podía ayudarle.

“José Alfredo me llevó a la inmobiliaria, luego me enseñó una vivienda en Tenor Fleta que me gustó y acordamos hacer un contrato con todos los documentos necesarios y me pidieron 600 euros de señal”, ha declarado el denunciante. La operación se frustró porque el propietario del piso observó que tenía un embargo en la nómina y se echó atrás. Ante esta circunstancia, el denunciante llamó a la oficina y pidió la devolución de la fianza. Contó que Javier G. G. no le planteó ningún problema y, por teléfono, le preguntó que si estaba de acuerdo con que le mandaba el dinero a través de José Alfredo G. B. El afectado respondió que sí, ya que lo veía todos los días en la pensión.

“Pero nunca me dio el dinero y me daba largas hasta que un día me dijo que me iba a enseñar otro piso en la calle de Río Jiloca. Estaba todavía habitado, me lo mostró con los inquilinos que, según él, se iban a ir a final de mes y me pidió 30 euros para entrar a la vivienda. Como me gustó, firmé un contrato de reserva con su sociedad, llamada ‘criptoinmobiliaria’. Pero cuando fui a final de mes los residentes seguían viviendo allí, no pensaban marcharse y con José Alfredo G. no pude hablar nunca más. Se lo conté a Javier G. G. y me dijo que lo denunciara”, ha declarado ante el tribunal de la Sección Primera.

La otra afectada conoció a José Alfredo G. en un bar de Duquesa Villahermosa y, como el anterior, buscaba piso para ella y su hija y el acusado le brindó su ayuda. Le mostró un piso en Reina Fabiola y otro en la calle de Miguel Servet que se anunciaban en la inmobiliaria de Javier G. Uno se adecuaba a lo que buscaba y acordó pagarle 550 euros como señal, dinero que le dio en el bar donde solían coincidir. "Le solicité un documento con su firma porque no me fiaba y me hizo un contrato a nombre de ‘criptoinmobiliaria’. Al pasar los días y no ocurrir nada, le reclamé el dinero a él y también a Javier G., que me llamó para decirme que no tenía que haberle dado nada al otro y que lo denunciara, como terminé haciendo", relató en la Audiencia. 

Durante la vista oral, José Alfredo G. dijo que él era un mero colaborador de Javier G. y que cobraba un porcentaje por cliente y por piso y achacó toda la responsabilidad al anterior y a un tal Chema que también colaboraba en la agencia. Sin embargo, Javier G. manifestó que todo lo que el anterior contaba era mentira.

El fiscal del caso mantuvo la acusación contra los dos aunque matizó que tenía "dudas" sobre la responsabilidad de Javier G. Las respectivas abogadas, María Jesús del Río y María Ángeles Tirado, pidieron la absolución.