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Aragón estudiará incluir a los estudiantes de grado superior en la ayuda de transporte escolar

La Justicia de Aragón envió una sugerencia a Educación tras la queja de una madre, cuyo hijo había pasado de viajar de forma gratuita en Bachillerato a pagar en FP.

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Una ruta de transporte escolar llega al colegio de Nuévalos
Macipe

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico ha aceptado una sugerencia de la Justicia de Aragón en la que se proponía valorar la inclusión de los estudiantes de los ciclos formativos de grado superior como beneficiarios de la ayuda de transporte escolar.

La Consejería ha respondido al Justiciazgo que valorará la sugerencia durante la tramitación de la orden de 14 de mayo de 2013 por la que se dictan normas para la organización y funcionamiento del servicio complementario de transporte escolar en la Comunidad, cuya modificación recoge el plan anual normativo de 2024.

La Justicia de Aragón se dirigió al Departamento de Educación tras la queja de una madre de un alumno que cursaba grado superior en la E.F.A. Boalares de Ejea de los Caballeros. Según expuso, el estudiante se había desplazado de forma gratuita a la misma localidad mientras cursaba Secundaria y Bachillerato y, tras cambiar al grado superior, tenía que pagar 6,80 euros de ida y vuelta cada día. Esta situación, según ha alegado la madre, también la viven “otros chicos y chicas que estudian en Ejea y son de los pueblos de alrededor”.

La institución entiende que, salvo error u omisión, no existe justificación que fundamente la no inclusión de los estudiantes de ciclos formativos de grado superior como beneficiarios de la ayuda al transporte escolar gratuito, dado que sí que incluye a los alumnos de grado medio y bachillerato, niveles también de enseñanza no obligatoria.

El Justicia de Aragón recuerda que la razón de ser de las prestaciones del servicio de transporte escolar de forma gratuita no es otra que garantizar la calidad de la enseñanza de aquellas zonas rurales donde los niños y jóvenes han de desplazarse a municipios próximos a su residencia, tal y como dictamina la Ley Orgánica de Educación.

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