Tras siete meses de conflicto, el Departamento de Educación y las familias de Caneto han dado un primer paso para intentar cerrar un acuerdo que permita mantener abierta la escuela (ahora lo está bajo el amparo de los tribunales).  La abogada de los padres y los servicios jurídicos de la DGA han decidido suspender temporalmente de mutuo acuerdo el procedimiento judicial iniciado por los primeros contra el cierre del centro, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y buscarán una solución extraprocesal "que satisfaga a ambas partes y garantice la legalidad y la seguridad de las instalaciones", según ha informado el Gobierno de Aragón.

Cabe recordar que en noviembre, Educación ordenó el cierre del centro, con 21 niños matriculados (el próximo curso serán 23), alegando que no estaba regularizado y sufría graves deficiencias de seguridad. Los padres recurrieron la orden y en enero el TSJA ordenó reabrirlo cautelarmente en interés de los menores, decisión que confirmó más tarde, obligando a las familias a que periódicamente le informaran de las mejoras que hacían.

Según ha explicado el portavoz de las familias, Eduard Jubert, ni siquiera se han reunido. Solo ha habido conversaciones entre abogados para suspender de momento el pleito y explorar vías de acuerdo. "No nos hemos sentado a hablar. Nos llamaron para pedir que suspendiéramos el proceso temporalmente, y aceptamos la propuesta, pero eso no implica que no se pueda reactivar", ha declarado. 

"Es lo que hemos estado pidiendo desde el principio"

"La idea es que nos sentemos todas las partes, incluido el ayuntamiento, pero esta reunión ni siquiera tiene fecha", ha precisado. Jubert ha dicho que la decisión se ha acogido con "optimismo". "Es lo que hemos estado pidiendo desde el primer momento, que se sentaran a hablar con nosotros para buscar una solución. Y si esta pasa por tener una escuela en Caneto, porque no hay otra alternativa, adelante con ello".  

La aceptación de la suspensión se ha comunicado esta misma mañana a la DGA. Según ha informado el departamento de Educación, los servicios jurídicos ya han solicitado formalmente la interrupción del procedimiento al tribunal mientras se avanza en una posible regularización. Añade que esta pasaría, en un primer momento, por la cesión del suelo donde está la escuela al Ayuntamiento de La Fueva por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, actual propietaria. La segunda condición es el desestimiento del consistorio del expediente de autorización de las instalaciones actuales y la apertura de uno nuevo de creación de un centro público.

En las últimas semanas, se han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento de La Fueva y la Confederación para ver distintas posibilidades que permitieran avanzar en "una solución dentro de la legalidad", afirma el departamento de Educación.

Congelar el pleito

La suspensión del procedimiento judicial, por un plazo máximo de 60 días y prorrogable hasta dos años, sobre la que tiene que pronunciarse ahora la sala del TSJA, implicaría congelarlo en sus términos actuales. Es decir, que se mantendría la medida cautelar adoptada de seguir con la escuela abierta, a la vez que la contracautelar. Los padres deben informar al tribunal, cada mes, de las mejoras que van haciendo, según un calendario preestablecido.

Educación ha precisado que para su habilitación como centro docente, las instalaciones han de cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 132/2010, que fija los requisitos mínimos de los centros, además de con el Código Técnico de la Edificación y con las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Y deben estar inscritas en el Registro de Centros docentes no universitarios de Aragón.

El cierre se produjo, como ha recordado la administración, tras constatar que no figuraba en dicho registro y ante los reiterados informes de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio Provincial de Educación de Huesca desfavorables a la creación de la escuela por defectos de seguridad estructural, en caso de incendio y de salubridad. 

La opción dada a los padres como alternativa fue que los 21 niños fuera a la escuela más cercana, la de Tierrantona, donde de hecho están matriculados, pero se opusieron. Hasta que en enero el TSJA reabrió las aulas de Caneto, fueron ellos quienes se encargaron de la educación. Su argumento era que no querían someter a los niños a un viaje que dura 45 minutos por una carretera plagada de curvas donde en algunos tramos hay que circular a 20 km/h. Pese a rechazar el transporte escolar, Educación estuvo mandando todos los días un vehículo, que llegaba a las 8.00 a Caneto y se marchaba de vacío.

Este caso ha hecho correr ríos de tinta y ha generado una intensa confrontación política, con numerosas intervenciones en las Cortes, donde también comparecieron los padres. "Nuestra vida se ha visto truncada y abocada a luchar contra un gobierno", dijeron ante los diputados. 

El PSOE celebra la rectificación

El portavoz de Educación del grupo socialista, Ignacio Urquizu, se ha congratulado de "la rectificación" del Gobierno, pero ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera, Claudia Pérez Forniés. "Ha sido necesario que la Presidencia y la Vicepresidencia hayan tomado las riendas del problema, dejando a un lado a la consejera, desacreditándola, para que se haya iniciado el diálogo", ha indicado. 

Él piensa que en este tiempo las familias solo han tenido un camino para defender sus derechos: "acudir a los tribunales". Todavía no se ha producido el diálogo, precisa, "ya que hasta ahora solo han hablado los abogados", y pide a la DGA un cronograma de inversiones durante este verano.