Concentración de la población en la ciudad de Zaragoza y su entorno, despoblación en la mayor parte de la Comunidad, envejecimiento y estancamiento del número total de habitantes. Son las características básicas de la demografía de Aragón, que tiene como principal talón de Aquiles a la grave regresión demográfica de toda la provincia de Teruel, el sur de Zaragoza y el Pirineo. La respuesta de la Unión Europea (UE) ante la lacra de la despoblación se centra en el programa Leader de desarrollo rural. Pero, más recientemente, la UE dio la campanada con la autorización al Gobierno español para bonificar hasta un máximo del 20% los costes laborales a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria atendiendo a los problemas derivados de sus bajas densidades de población. La provincia turolense, con 9,4 habitantes por kilómetro cuadrado, es la segunda menos poblada del país, solo por detrás de Soria.

La población aragonesa ha entrado en una situación de estabilización. Tras el máximo alcanzado en 2012 con 1.349.467 habitantes, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una caída en los años siguientes y una tímida recuperación después hasta situarse en los actuales 1.326.315 habitantes, todavía por debajo del récord. La ciudad de Zaragoza aglutina a 683.949 habitantes, lo que la convierte en la quinta más poblada del país con el 51,6% del total de los aragoneses. Mientras tanto, 12 comarcas tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, el techo para ser consideradas "desierto demográfico" según la UE, siete de ellas en la provincia de Teruel y, una, el Maestrazgo, con solo 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado se erige como líder en despoblación. Los datos son abrumadores, el 71% de los municipios aragoneses tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y 139 no alcanzan los dos habitantes.

Entre las medidas aplicadas por la Unión Europea para frenar la despoblación, destaca el programa Leader, que supondrá la inversión de 10 millones de euros en 2024, de los cuales los fondos Feader aportarán 7,3. También incide en el medio rural la Política Agraria Común, que dejará 450 millones de euros en 2024. Pero la estrella de las medidas europeas de los últimos años es la autorización de un descuento del 20% de los costes laborales a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca, una medida que, según la CEOE, aplicada en su máxima dimensión dispararía las posibilidades turolenses de captar inversores y generar empleo. La patronal cifra en 3.681 los empleos que se podrían crear en un año con la rebaja de costes al máximo, pero, la aplicación por el Gobierno ha sido mínima y se queda en el 0,54% respecto a la suma de salarios y cotizaciones. El Ejecutivo estatal la aplica de oficio a todas las empresas desde 2023 mediante un descuento en las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes.

"Nos gustaría que también llegaran fondos"

El presidente de la Confederación de Empresarios Autónomos de Teruel (CEAT), Juan Carlos Escuder, uno de los impulsores de la aplicación de las bonificaciones, señala que la autorización de las bonificaciones es la medida "más impactante" para la provincia llegada de la UE, pero aclara que, lamentablemente, desde Europa llega el visto bueno, "pero sin dotación económica", un aspecto clave que queda en manos del Gobierno español. El resultado es "un impacto mucho más limitado del que podría dar de sí". "Nos gustaría que también llegaran de la UE los fondos para aplicarla", se lamenta Escuder.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y experto en despoblación, Luis Antonio Sáez, es más escéptico respecto al impacto de la bonificación a las empresas de Teruel y considera que, incluso en su máxima intensidad, "no está claro que vayan a traducirse en más inversión y más empleo". "No creo que su impacto fuera tan trascendente para la provincia", afirma.

Por el contrario, cree que la mejor herramienta de la UE para luchar contra la despoblación es el programa Leader, que, a través de los grupos de trabajo comarcales, "funciona muy bien". Entre las virtudes de este plan que estimula el emprendimiento y la economía local, Sáez destaca su programación a largo plazo, la evaluación de resultados, la participación del territorio y la dinamización social. A su juicio, esta forma de actuar sigue "criterios europeos".

El experto de la Universidad de Zaragoza matiza la amenaza de la despoblación. Admite que la pirámide de población aragonesa acusa los efectos del envejecimiento. "Parece que levita –bromea–, porque apenas tiene base debido a la estrechez de los grupos de edad más jóvenes". Por eso, a su juicio, la estabilización de la población en el conjunto de Aragón en la última década no debe ser interpretado como una mala noticia porque, debido al saldo vegetativo negativo –más fallecimientos que nacimientos–, "mantener la población es, actualmente, un logro equivalente a ganar habitantes hace tres décadas". Tras una primera fase de emigración, la evolución demográfica actual de la Comunidad está marcada por el envejecimiento y unos índices de natalidad que no compensan los fallecimientos. Un hueco que, según indica Sáez, cubre "parcialmente" la inmigración.

El regreso de los jubilados

Respecto a la despoblación rural, sin minusvalorar el problema, señala que son numerosas las localidades a las que "se les da la extrema unción" desde hace décadas, pero que no llegan a despoblarse. A su juicio, en las zonas con baja densidad de población, se ha alcanzado "un suelo consistente" que evita el cierre por desertización. Atribuye esta resistencia a fenómenos como el regreso de jubilados, de algunos jóvenes que valoran el medio rural o de nuevos pobladores animados por la covid así como a la mejora de los servicios públicos propiciada por la comarcalización o las nuevas tecnologías.

Para otra experta en despoblación, la geógrafa turolense Pilar Burillo, una de las claves para que Aragón no exprima al máximo la financiación europea contra el retroceso demográfico es la utilización, como referente, de unidades territoriales provinciales –las NUT 3 en la terminología comunitaria–, que impiden apreciar la magnitud de la despoblación rural. Para Burillo, teniendo como referencia la agregación de municipios aquejados de este problema se generaría un espacio denominado Serranía Celtibérica –prolongado en Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Valenciana– con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Englobaría la totalidad de la provincia de Teruel y el sur de Zaragoza. Sería, en la terminología europea, una "región funcional" que, a juicio de la investigadora, podría aspirar a ayudas equivalentes a las que disfruta Laponia –al norte de Noruega, Suecia y Finlandia–, dotada por la UE con 1.928 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Burillo opina que el actual Ejecutivo aragonés "parece preocupado" por el problema de la despoblación –el vicepresidente Alejandro Nolasco anuncia la creación de un Centro de Estudios Demográfico centrado en combatir este problema–, aunque considera que sin una política presupuestaria decidida de la UE será imposible parar el retroceso poblacional del medio rural. Y advierte de que Aragón "lidera la despoblación española" con un 82,47% de su territorio con una densidad media inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que Bruselas califica de "zona escasamente pobladas".