La "codicia extrema" de la industria de la pornografía utiliza patrones adictivos para captar la atención de una infancia indefensa, que se convierte en "cautiva" de contenidos inapropiados que tienen un impacto en la configuración de los valores de la sociedad, la salud mental y la perpetración de violencia sexual.

En 'Pornografía y violencia sexual', un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid organizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se han abordado este viernes los peligros del acceso precoz al "porno salvaje" y el difícil reto que supone proteger a niños y niñas de estos contenidos.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha alertado de que las industrias de internet y del porno utilizan patrones adictivos para que los usuarios pasen el mayor tiempo posible con ellas: "Ninguna empresa de internet, y mucho menos del porno, quiere perder clientela".

Su gran negocio, ha explicado, no es el consumo de vídeos pornográficos, sino la venta de datos sexuales del consumo de sus clientes.

En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, ha denunciado que se está materializando una "codicia extrema" que atenta contra los cuerpos de las mujeres y de la infancia: "Nuestra forma de vivir está siendo hackeada por la codicia extrema", ha lamentado.

Aumento de violencia sexual

Antes de la pandemia, el acceso accidental a la pornografía se situaba en el 20 %, ahora ese porcentaje ha escalado al 70 %. El 30 % del tráfico de internet es para el porno, dos tercios de los adolescentes consumen porno duro y el 95 % de universitarios piensa que lo que se ve en estos vídeos es reflejo de la realidad sexual, según España.

Tanto la directora de la AEPD como la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Getafe, Cira García, han asegurado que el consumo de pornografía dura es "causa directa del aumento de la violencia sexual". García se ha mostrado partidaria de sancionar todo el porno que reproduce violencia.

A este respecto, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha destacado que es "tremendo" lo que están viendo los menores y "terrible" lo que ese contenido está generando en su desarrollo.

La responsable de la AEPD ha subrayado cómo afectan a la salud mental y física de la infancia y la adolescencia (épocas de desarrollo evolutivo cruciales, donde de desarrollan la empatía o el control de impulsos): insomnio, problemas de alimentación, de visión, depresión, ansiedad, problemas de conducta y de autoestima...

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Y "las familias son unas auténticas inconscientes", ha dicho. El consumo de pornografía "está creando personas cada vez más enfermas, débiles, vulnerables y manipulables"; "si entras con 8 años, te tengo cautivo para siempre porque estoy reconfigurando conexiones neuronales en una edad crítica del desarrollo", ha añadido España.

"Cuando los consumidores de porno acuden a pedir ayuda es cuando tienen 40 años y la vida destrozada", ha aseverado. Porque este consumo también afecta a los hombres.

Vías de actuación

¿Y qué se puede hacer para proteger a la infancia y la adolescencia del acceso precoz al porno? Las expertas han reconocido que es una tarea muy compleja por cuanto es necesaria nueva legislación, las empresas implicadas están ubicadas en el extranjero y es necesaria conciencia e implicación social.

Calvo ha abogado por la educación afectivosexual y por implicar a las familias en la protección de los menores, pero "sin culparlas" y dotándolas de herramientas. España considera imprescindible aumentar el consentimiento en internet a los 16 años, que se alerte de los peligros digitales igual que en una cajetilla de tabaco se expone el riesgo explícito de fumar y que se exija transparencia a la industria pornográfica.

La directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Lucía Losoviz, ha indicado que la futura ley de protección de los menores en entornos digitales aspira a incorporar el control parental por defecto en todos los dispositivos, a potenciar la educación en ciudadanía digital y problemas de adicción, a favorecer un canal de denuncia de contenidos nocivos o a integrar en el sistema sanitario la supervisión de la vida digital de niños y niñas.