Salud mental y prisión
Hace unos días nos despertábamos con la noticia del suicidio de un joven preso en la cárcel de Zuera. El fallecido llevaba poco tiempo en prisión, acusado de haber acuchillado a dos personas en Zaragoza.
El interno había regresado a la cárcel 48 horas antes tras haber estado ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Miguel Servet. Ante una noticia de este calibre caben diversas reacciones, desde la postura radical (entiendo que reprochable) de valorar lo sucedido como un final esperado a la búsqueda de responsabilidades, lo que es legítimo.
Si hablamos de búsquedas, cabe recapacitar sobre el porqué se llega a estas situaciones, plantear cómo mejorarlas e incluso filosofar algo en torno a en qué medida se tienen en cuenta y se tratan las enfermedades mentales que en no pocas ocasiones habitan, más o menos ocultas, en el interior de quien comete un delito.
Las casualidades de la vida hicieron que pocos días después asistiera a un foro, magníficamente organizado bajo la magia de nuestra Aljafería desde el Justicia de Aragón bajo el título ‘Derecho y Salud Mental’. Entre las intervenciones destacó la de un ilustre psiquiatra del Miguel Servet, con conocimientos sobrados y acreditando que conoce el terreno que pisa. El doctor aseguró que hoy en día las prisiones son los nuevos manicomios y criticó que los presos no tuvieran en el centro atención psiquiátrica alguna.
Hace poco más de un año se presentó el ‘Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España’, elaborado por expertos de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En el mismo se afirma que entre el 80% y el 90% de la población penitenciaria en España tiene o acabará desarrollando un trastorno mental. Sin embargo, solo el 22% de estos reclusos con altas necesidades de cuidados de su salud mental está ingresado en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios españoles (Sevilla y Alicante). Mejor no hablar de las condiciones de estos centros psiquiátricos penitenciarios.
En un estado de Derecho las decisiones de los tribunales deben realizarse conforme a la ley, buscando la verdad, la justicia y la proporción. En el ámbito penal esto conlleva que bastantes veces deban imponerse penas duras, con sentencias rigurosas que llevan aparejadas privaciones de libertad extensas y exigentes. Pero, al margen de la oportuna aplicación de eximentes y atenuantes derivadas de enfermedades y adicciones, cuando el penado está enfermo, con un mal previo o sobrevenido, se le debe tratar como tal.
Vivimos en una sociedad donde se ha impuesto cierta visión justiciera. Fruto de una inseguridad ciudadana que nadie puede negar (y es tarea de los poderes establecidos arreglar), de la inadecuada digestión de comentarios habitualmente carentes de conocimientos de tertulias televisivas y redes sociales, no es infrecuente oír frases que parecen de otras épocas: ‘el que la hace la paga’, ‘que se pudra en la cárcel’, ‘ojalá salga con los pies por delante’… El pueblo es soberano, pero también debería tener una información más ponderada y más completa.
Al estricto cumplimiento de la ley, el rigor en castigar conductas que hacen daño a la víctima y ponen en peligro al resto de la sociedad, la firmeza en hacer cumplir las condenas impuestas… no está de más incluir ese toque de humanidad. También el preso es humano, y si está enfermo tiene, además, un punto de fragilidad.
No es ésta la tribuna para plantear soluciones, al menos no estamos ante el ‘tribunero’ sabio y adecuado. El problema de la salud mental en las prisiones es grave, los psiquiatras que saben del tema nos podrían hablar largo y tendido, los funcionarios de prisiones lo viven cada día. El Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP) del Colegio de Abogados clama en el desierto… Y yo tengo la impresión de que procede un volantazo importante en el camino.
Felipe Zazurca González es fiscal jefe de la Audiencia de Zaragoza
