Yolanda, a lo suyo
El mercado laboral español no es ajeno a la uberización de la economía; esto es, la utilización de medios tecnológicos para relacionar trabajadores independientes con un cliente que precisa un determinado servicio o producto sin que en esa transacción medie necesariamente una empresa.
Si la actuación no requiere presencialidad, el trabajador podrá estar radicado en cualquier parte, lejos de su cliente final y sin necesidad de contactar con él más que por medios digitales.
Tampoco es ajeno nuestro mercado laboral a la ‘gig economy’, la denominada economía de los pequeños encargos; esto es, aquel fenómeno por el cual los trabajadores ya no tienen una adscripción estable a una empresa que les encomienda tareas, sino que reciben peticiones muy precisas, acotadas en el tiempo y en muchas ocasiones de manera intermitente. Suelen ser autónomos, o ni siquiera.
Otro factor disruptivo en el mercado laboral es indudablemente el teletrabajo, un fenómeno que ha venido para quedarse. Según datos del Instituto Nacional de Estadística sobre uso de las telecomunicaciones en el hogar casi un 14% de los ocupados españoles ha teletrabajado total o parcialmente en 2023. Podrá parecer mucho o poco, pero la cifra es apreciable pues hablamos de casi tres millones de personas.
En este nuevo mercado laboral, compuesto por nuevos perfiles profesionales, por falsos autónomos ocultos en la maraña de plataformas tecnológicas o por trabajadores que cotizan en un sitio y trabajan desde otro bien distinto, la regulación tradicional hace aguas. Y sorprende que el legislador esté más preocupado de encajes de carácter político, como ha ocurrido estos días con el último decreto-ley laboral del Gobierno de España. Un decreto atropellado cuyo principal propósito parece ser agradar a los nacionalistas vascos, al consagrar la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales.
Para contentar al PNV, la ministra Yolanda Díaz ha determinado que cuando el convenio territorial favorezca al empleado frente al convenio sectorial o estatal, aquél prevalecerá. Inicialmente puede parecer que esta decisión protege al beneficiado, pero… ¿realmente es así?
No parecen estar convencidos de ello los agentes sociales, que rechazan de plano la medida: rompe la unidad de mercado, genera agravios, vulnera de facto el Estatuto de los Trabajadores, está fuera del Diálogo Social. El sacrosanto diálogo social, un catecismo para la líder de Sumar salvo cuando se trata de salvar los muebles de una legislatura despeñada que va de fracaso normativo en fracaso normativo… Ni los sindicatos han podido tragarse esta peladilla.
Además de obsequiar al PNV con esta medida tan supremacista como inútil ante la realidad laboral antes descrita, el decreto-ley contiene otra propina de aceite de ricino para los agentes sociales, en este caso para los empresarios. El Gobierno abre la puerta del Consejo Económico y Social a organizaciones territoriales, algunas al margan totalmente de CEOE, como Pimec en Cataluña, que defiende estrictamente los intereses del empresariado catalán.
Si la ministra de Trabajo pudiera explicar cómo mejora su decreto ley los derechos de los trabajadores uberizados, o cómo defiende los intereses de las sociedades españolas que pagan religiosamente sus impuestos en un mercado globalizado lleno de gateras, o cómo combate la picaresca de empresas y trabajadores que no trabajan donde cotizan… Si pudiera hacerlo, nos quitaríamos el sombrero. Como no va a poder hacerlo, deberíamos llevarnos todos las manos a la cabeza, igual que empresarios y sindicatos: el decreto de la vicepresidenta es una oportunidad perdida que solo sirve para apuntalar al Gobierno sobre la coacción nacionalista.
Jaime Armengol es periodista
