¿Hasta cuándo?
El Artículo 14 de la Constitución expresa con claridad que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por (…) cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Todos sabemos que esto no es así a tenor de las bochornosas situaciones que perviven en nuestra memoria o que están de actualidad.
Es una declaración ampulosa para consumo de ingenuos o para consuelo de zonzos. Ejemplos no faltan; pero quiero centrarme en uno lacerante que nos concierne a quienes no somos miembros del Congreso de los Diputados o del Senado. Me refiero a la agraviante diferencia de fiscalidad que rige para nuestros parlamentarios y para los ciudadanos de a pie. Es un tema candente, especialmente en fechas en las que el contribuyente tiene que presentar su declaración de renta.
¿Por qué un diputado, senador, ministro, etc., goza de un régimen impositivo distinto del de sus conciudadanos? Respuesta obvia: porque así lo ha decidido la clase política. Sin duda, esta pregunta se la han hecho muchas veces los millones de españoles que contribuyen al erario con sus impuestos, no siempre bien explicados y a veces incluso arbitrarios o injustos (donaciones, herencias …). Todos tenemos la obligación de sufragar el gasto público a fin de sostener las onerosas cargas que el Estado debe atender en beneficio de la sociedad en general y de las personas necesitadas en particular. Es una exigencia moral. Pero, ¿por qué más para unos que para otros?
No deseo ahora discutir los estipendios de diputados y senadores; ni polemizar sobre el sueldo del presidente del gobierno, ni debatir sobre las retribuciones más abultadas de las presidencias del Congreso y el Senado. Lo que quiero sacar a colación es por cuánto tributan los miembros de ambas Cámaras y poner de manifiesto el tratamiento fiscal privilegiado que rige para sus señorías en perjuicio del que se aplica al resto de los contribuyentes.
El agravio es que diputados y senadores tributan por el 60,9% de sus ingresos y no pagan impuestos por el 39,1% restante, de modo que los políticos mantienen intactas sus ventajas fiscales. Parlamentarios autonómicos, alcaldes y concejales también tienen trato preferente. Causa vergüenza ajena el recurso al eufemístico concepto de "indemnizaciones por razón de servicio", truco del que los demás mortales no participamos.
Pese a que el gasto público fue de 13.970 euros por habitante en 2023 y la deuda soberana de España ha alcanzado la pavorosa cifra de 1.603.000 millones de euros, el Gobierno, sin la menor contención, persiste en su afán recaudatorio y en su empeño de subir aún más los impuestos, sin deflactar los tramos del IRPF, y sin aclarar si va a suprimir los privilegios fiscales de la familia política.
Recientemente, el Instituto de Estudios Económicos ha denunciado que España realiza un esfuerzo fiscal un 17,8% superior al de la Unión Europea y que la presión fiscal se situará en torno al 39%. Soportamos un esfuerzo fiscal de los mayores de Europa. El Gobierno no puede renunciar al principio de igualdad y ser ajeno al requisito de ejemplaridad. Pedir esto es casi una entelequia; pero, ¿por qué no intentar hacer las cosas bien?
Vivimos en un remedo de democracia donde los políticos han hecho dejación de sus deberes y no han querido o no se han atrevido a pactar sustanciales reformas de las leyes o mejoras de las normas de convivencia, siempre postergadas con el efugio de que no es el momento idóneo. Por lo visto, nunca es la coyuntura propicia, y el entramado legal que envuelve tantos intereses continúa deshaciéndose por sus costuras mal cosidas, por no encarar los numerosos retos pendientes y cimentar un Estado social más justo. ¿Hasta cuándo?
José Badal Nicolás es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
