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El Congreso tumba la senda de estabilidad y deja en el aire los Presupuestos de 2025

La senda de estabilidad 2025-2027, la primera ajustada a las nuevas reglas fiscales europeas, ha sido rechazada por 178 votos en contra y 171 a favor, una votación que se ha cerrado con aplausos.

La portavoz de Junts Miriam Nogueras interviene en el último pleno del Congreso.
La portavoz de Junts Miriam Nogueras interviene en el último pleno del Congreso.
Mariscal

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes los objetivos de estabilidad que acompañan al techo de gasto para 2025 después de que Junts decidiera en el último momento sumar su voto en contra a los de PP y Vox, lo que deja en el aire los futuros presupuestos de 2025.

La senda de estabilidad 2025-2027, la primera ajustada a las nuevas reglas fiscales europeas, ha sido rechazada por 178 votos en contra y 171 a favor, una votación que se ha cerrado con aplausos.

Todo apuntaba a que esta senda, paso previo a la elaboración de los Presupuestos, iba a salir adelante con la mayoría de la investidura, pero ya iniciado el debate el portavoz de Junts, Josep María Cruset, anunciaba que su formación votaría en contra.

Cruset ha justificado esta decisión -que llega un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna en Barcelona con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès- en la falta de ejecución de las partidas presupuestarias en Cataluña

Al mismo tiempo, Cruset ha advertido al Gobierno de que no podrá contar con los siete votos de la formación -que son imprescindibles para formar una mayoría- en la tramitación de los Presupuestos de 2025.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido ante los medios tras el debate, pero ha eludido criticar la decisión de Junts -de quienes ha dicho que no sabía qué iban a votar- para cargar contra el PP, al que acusa de privar a las regiones que gobierna de un mayor margen de gasto.

Retraso en el calendario presupuestario

Este rechazo a la senda de estabilidad retrasa todo el calendario presupuestario, ya que obliga al Gobierno a elaborar una nueva senda para enviarla al Congreso, que la próxima semana inicia su parón de agosto.

En caso de que esa segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas.

Hasta que no haya una senda de estabilidad el Gobierno no puede presentar los presupuestos de 2025, algo que debería hacer antes de final de septiembre para que se tramiten en las Cortes en los últimos tres meses del año y entren en vigor el 1 de enero próximo.

El Gobierno no ha aprobado ningunos presupuestos en esta legislatura, ya que renunció a presentar los de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, ya que esto complicaba la negociación con sus socios.

Techo de gasto récord 

En su intervención en el debate, antes de que Junts anunciara su rechazo, Montero ha asegurado en que las futuras cuentas protegerán a las clases medias y avanzarán en la transformación del tejido productivo como parte del "proceso de modernización del país".

La senda de estabilidad rechazada preveía que el déficit público bajara del 3 % del PIB que se espera para este año al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1 % del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente-.

La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- quedaba fijada en el 3,2 % para 2025, el 3,3 % para 2026 y el 3,4 % para 2027, lo que ayudaría a bajar la deuda pública al 103,6 % del PIB, el 101,8 % del PIB y el 99,7 % del PIB, respectivamente.

Por lo que respecta al límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año -que se debate pero no se vota- se situaba en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más, una cifra que se elevaba hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos.

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